Justicia en España: Filtraciones en el caso del fiscal general del Estado
Investigaciones en curso revelan la preocupación del Tribunal Supremo ante posibles irregularidades y filtraciones en el proceso judicial que involucra al fiscal general del Estado
El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid por un posible delito de revelación de secretos, ha decidido deducir testimonio debido a las filtraciones de un informe pericial de la UCO. Esta acción se enmarca dentro de las quejas presentadas por los fiscales afectados y también por el abogado de la acusación particular. Hurtado ha rechazado las denuncias sobre irregularidades en el informe, defendiendo la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La decisión se comunica al decanato de los juzgados de Madrid para los trámites correspondientes.
Canarias: Justicia y Educación
La decisión del tribunal establece un precedente importante sobre la contratación y derechos laborales en el ámbito educativo canario
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena a la Consejería de Educación y a Aeromédica Canaria SLU por cesión ilegal de trabajadores. La sentencia reconoce a una técnica de educación especial como trabajadora de la Consejería, tras haber encadenado 14 contratos temporales durante más de diez años. Se ordena el abono de casi 21.000 euros en diferencias salariales y se aplica el convenio colectivo correspondiente. El tribunal destaca que el trabajo se realizaba en centros educativos bajo la dirección de la Consejería, lo que evidencia la cesión ilegal. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Política en Madrid: declaración del asesor de la presidenta contra el fiscal
El testimonio del asesor de Díaz Ayuso podría revelar detalles cruciales sobre las filtraciones en el caso que involucra al fiscal general
El Tribunal Supremo de España ha citado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para declarar como testigo en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. La investigación se centra en la filtración a los medios de un correo electrónico donde la defensa del novio de Ayuso reconoce dos delitos de fraude fiscal por 350.000 euros. Además de Rodríguez, se han llamado a declarar a periodistas de varios medios. Este escándalo ha sacudido la política madrileña y plantea serias implicaciones legales.
La Sección Cuarta rechaza la solicitud de la Fiscalía y considera que no ha lugar a decretar su ingreso en prisión provisional porque entiende que el riesgo de fuga es “inexistente”. El Tribunal, que le condenó el pasado mes de octubre a 10 años y 5 meses de prisión, impone al penado como medidas cautelares la retirada de pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer el primer lunes de cada mes en el juzgado de su domicilio.
La cúpula fiscal de España ha mostrado un respaldo mayoritario hacia la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
El Tribunal Supremo confirma la no aplicación de la amnistía al delito de malversación de los condenados en la causa del procés.
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Justicia en España: Caso ERE
El alto tribunal establece penas significativas por delitos relacionados con la gestión irregular de fondos en el caso ERE
El Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 2 y 4 años de prisión a cinco acusados en la pieza ACYCO del 'caso ERE' por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Los condenados son responsables de cuatro disposiciones de fondos no amparadas por las sentencias del Tribunal Constitucional. La sentencia destaca que se incluyeron beneficiarios ajenos a la plantilla de ACYCO y se realizaron pagos injustificados. Encarnación P., expresidenta del Consejo de Administración de ACYCO, recibe la pena más alta, junto con otros implicados que deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con 743.158 euros.
Justicia en Algeciras: Tribunal Supremo confirma competencia de la Audiencia Nacional por terrorismo
El Tribunal Supremo reafirma la jurisdicción de la Audiencia Nacional en casos de terrorismo, asegurando un juicio justo para el acusado del asesinato
El Tribunal Supremo ha confirmado que la Audiencia Nacional es competente para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal destacó que la competencia se basa en las acusaciones presentadas y que, al haber sido aceptada la apertura de juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión subraya la importancia de que los casos relacionados con terrorismo sean tratados por tribunales especializados.
El juez de la Audiencia Nacional eleva exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a José Luis Ábalos por su “papel principal” en la organización criminal de la compra de mascarillas. En su resolución, el juez atribuye al ex número 3 del PSOE, en concreto, un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado para conseguir negocios con las administraciones públicas.
La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular, en este caso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, varias voces se han alzado tras esta decisión, ya que el propio Tribunal Supremo sostiene que el fiscal general tuvo los correos en su poder "a partir de las 22 horas del día 13 de marzo", pero medios de comunicación como 'El Mundo' los tenían antes, lo que ha incendiado las redes sociales y tertulias de actualidad del país.
El TS considera que cabe imponer la pena máxima de prisión a un “asesino en serie” por su tercer crimen si en el mismo juicio ha sido condenado previamente por dos asesinatos. Confirma una pena de 137 años por la muerte de otras dos mujeres y el intento de otras seis en encuentros sexuales con consumo de cocaína.
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