Medidas cautelares

Los juzgados de Montevideo enfrentan un aumento alarmante de denuncias falsas de violencia de género, según la ley 19.580, aprobada en 2017. Esta normativa ha sido criticada por su falta de garantías y por facilitar que cualquier persona pueda presentar una denuncia sin necesidad de pruebas sólidas. Las organizaciones feministas han promovido esta ley con la intención de proteger a las mujeres, pero se ha convertido en una herramienta que perjudica a hombres inocentes, quienes son criminalizados sin justificación. Los jueces, aunque a menudo reconocen la falsedad de las denuncias, deben seguir el procedimiento legal establecido. La impunidad para quienes hacen acusaciones falsas se ve reflejada en el artículo 56 de la ley, que protege a las denunciantes incluso si mienten. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la justicia y los derechos de los varones en Uruguay.