Juzgados

El Ministerio de Justicia de España ha iniciado el proceso de acoplamiento del personal a los nuevos Tribunales de Instancia, en el marco de la primera fase de implementación de la Ley de Eficiencia. Este procedimiento incluye la libre designación del cuerpo de letrados y un concurso específico para puestos singularizados. Con esta medida, se busca reestructurar más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, promoviendo la especialización y unificación de criterios judiciales. La fecha límite para la constitución de todos los tribunales es el 31 de diciembre de 2025, y el ministerio está colaborando con las comunidades autónomas para asegurar una transición efectiva. Para más información, visita el enlace.

La Junta de Andalucía ha anunciado una inversión de 14,6 millones de euros para implementar el proyecto de Virtualización de los Puestos de Trabajo (PTV), que permitirá a jueces, fiscales y funcionarios acceder a sus entornos laborales desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Este sistema, que ya se ha probado con éxito en Huelva, busca mejorar la digitalización de la Justicia en la región al eliminar el almacenamiento local de datos y aumentar la seguridad y accesibilidad. Con la implantación progresiva de 5.000 dispositivos, Andalucía se posiciona como un referente en la modernización del sistema judicial. Además, se prevé un aumento de competencias para los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, lo que plantea desafíos adicionales en cuanto a recursos humanos.

Andalucía ha implementado un nuevo Expediente Judicial Electrónico (EJE) que permite la tramitación 100% digital de los asuntos judiciales, comenzando por los 24 juzgados de Familia. Este sistema, desarrollado por la Consejería de Justicia en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía, busca eliminar el uso del papel y facilitar la interoperabilidad con la Fiscalía. La iniciativa, que arranca el 10 de marzo de 2025, representa un avance significativo en la agilidad del trabajo judicial y en la sostenibilidad medioambiental. Con este cambio, se espera mejorar el acceso a los procedimientos tanto para profesionales como para ciudadanos.