Tras la sonada detención esta semana del expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, en libertad con cargos tras negarse a declarar, sobrevuela el nombre de otro conocido rostro del fútbol con problemas con la Justicia.
El tribunal indica en la providencia que el heredero que se da por personado en la causa ha asumido “como propio todo cuanto se ha actuado y resuelto hasta la fecha en el presente procedimiento".
Finalmente 45 personas han sido procesadas por la creación de una red para blanquear dinero que conseguían a través de la droga. Destacan entre los nombres Gonzalo Boye, abogado cercano a Carles Puigdemont y Quim Torra, y a quien ya el periodista y escritor Joaquín Abad señaló en su libro, 'La red secreta de Soros en España', como uno de sus protegidos; también José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, entre otros.
El portavoz de Vox en la comisión de Justicia, Javier Ortega Smith, ha expuesto los principales problemas que acechan a la administración de la Justicia en España.
Según relataron los agentes, primero alegó que venía de Portugal, luego que tenía asma, y más tarde que no tenía mascarilla. Sin embargo, cuando le facilitaron una, hizo caso omiso y se la guardó en el bolsillo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del 1 de octubre relacionados con el proceso independentista.
Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid que se amplíe la investigación financiera de Podemos después de la denuncia de la exsenadora de la formación que lidera Pablo Iglesias, Celia Casanovas, en la que solicita la personación.
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El expresidente francés entre los años 2007 y 2012 ha sido condenado por obtener ilegalmente información de un magistrado superior en 2014 -durante su mandato-, sobre una acción en la que, al parecer, estaba involucrado. La noticia ha supuesto un verdadero revuelo en el país galo, donde se han desatado todo tipo de especulaciones e informaciones sobre las supuestas malas artes de Sarkozy.
Pese a que pueda sonar a teoría conspirativa, un tribunal de Perú ha asegurado a través de una resolución que el Covid-19 es "una invención de las élites criminales a nivel mundial". Pero no se queda ahí, ya que señala con nombres y apellidos a sus principales artífices: George Soros, la familia Rockefeller y el cofundador de Microsoft, Bill Gates. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Por qué no ha parado de crecer esta 'teoría' en los últimos meses?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable a J.E.A.G., alias ‘El Chicle’, por el asesinato de Diana Quer en 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), con la finalidad de ocultar un delito previo contra la libertad sexual de la víctima.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros del Estado a una mujer que pasó 579 días en prisión preventiva en una cárcel de Melilla, acusada del homicidio de su bebé recién nacido, y que después fue absuelta.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 23 meses de prisión al presidente de Islas Airways, Miguel Concepción, como culpable de un delito continuado de estafa agravada. Sus hijas V. y E. han sido condenadas a ocho meses de prisión como cómplices de ese mismo delito .
El tribunal de la Sala Civil y Penal impone a Corominas, Simó, Barrufet y Guinó penas de un año y ocho meses de inhabilitación especial para cargo público electo y multas de 30.000 euros. Mireia Boya queda exonerada al entenderse que no fue nominalmente advertida por el Tribunal Constitucional y no ostentaba condición representativa de acuerdo con las exigencias del tipo penal.
La Sala Segunda ratifica con ligeros ajustes las condenas para 29 acusados fijadas por la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo del PP. El tribunal considera excesivas las menciones a la ‘caja B’ porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa.
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