Justicia

El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid por un posible delito de revelación de secretos, ha decidido deducir testimonio debido a las filtraciones de un informe pericial de la UCO. Esta acción se enmarca dentro de las quejas presentadas por los fiscales afectados y también por el abogado de la acusación particular. Hurtado ha rechazado las denuncias sobre irregularidades en el informe, defendiendo la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La decisión se comunica al decanato de los juzgados de Madrid para los trámites correspondientes.

La Audiencia de Zaragoza ha confirmado la sentencia que condenó a una ex empleada de Tecnocasa a una multa de tres meses, con una cuota diaria de ocho euros, por un delito leve de amenazas. La mujer fue absuelta del delito de coacciones. La decisión del tribunal se basa en la aceptación de los hechos probados y la fundamentación jurídica presentada en la sentencia original. Asimismo, se desestimaron los argumentos de los apelantes sobre la valoración de las pruebas y la calidad de los testigos. Esta sentencia es firme y no admite recurso.

El Tribunal Supremo ha confirmado que la Audiencia Nacional es competente para juzgar el asesinato de un sacristán en Algeciras, ocurrido el 25 de enero de 2023. La defensa del acusado, Yassin K., había solicitado que el caso se trasladara a los juzgados locales, argumentando que sus circunstancias psíquicas impedían la intención terrorista. Sin embargo, el Tribunal destacó que la competencia se basa en las acusaciones presentadas y que, al haber sido aceptada la apertura de juicio oral por un delito de terrorismo, solo la Audiencia Nacional puede llevar a cabo el juicio. Esta decisión subraya la importancia de que los casos relacionados con terrorismo sean tratados por tribunales especializados.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado una condena de 3 años y 6 meses de prisión para un hombre que agredió a su compañero de trabajo con una raedera metálica, causándole lesiones graves. La sentencia también incluye una indemnización de 43.431 euros a la víctima por las secuelas sufridas. La agresión ocurrió durante una discusión en el lugar de trabajo, donde el acusado golpeó a la víctima en la cabeza, resultando en un traumatismo craneal que requirió cirugía. A pesar de los intentos de la defensa por calificar los hechos como homicidio en grado de tentativa, el tribunal mantuvo la calificación como delito de lesiones agravadas.

La Audiencia de Teruel ha condenado a un hombre a nueve años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 16 años. Además, se le inhabilita para ejercer la patria potestad y se le prohíbe acercarse a la víctima durante 12 años. La sentencia destaca la coherencia y consistencia del testimonio de la menor, que fue sometida a tocamientos en casa de su tía. El condenado deberá pagar 20.000 euros por daños y costas del juicio. Esta decisión se basa en la Ley Orgánica 10/2022, vigente al momento de los hechos. Se puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Para más información, visita el enlace.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a una mujer a 20 años de prisión por el asesinato de su madre, de 82 años, al golpearla brutalmente. La sentencia también incluye condenas por maltrato psicológico habitual y la prohibición del uso de armas durante cuatro años. Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2023, cuando la acusada, tras una discusión, agredió a su madre con un objeto contundente, causándole la muerte. Después, convivió con el cadáver durante cinco días. La mujer, diagnosticada con un trastorno de personalidad, se encuentra en prisión provisional. Además, deberá indemnizar a los hermanos de la víctima por los gastos del sepelio. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

El Juzgado de Menores número 1 de Huelva ha dictado una sentencia que impone siete años de internamiento en régimen cerrado a un menor acusado de asesinar a un hombre de 77 años en Rociana del Condado. La víctima había sido condenada previamente por el asesinato del padre del joven. La magistrada considera al menor culpable de un delito de asesinato y obstrucción a la Justicia, destacando su comportamiento violento como una venganza por la muerte de su progenitor. Además, se le exige indemnizar a la familia de la víctima con más de 270.000 euros. La defensa argumentó que el menor tenía una capacidad mermada para gestionar su duelo, pero no se aceptaron las atenuantes.