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Justicia

01/06/2020@20:04:06
El Tribunal Supremo comenzará a valorar esta semana la admisión a trámite de las decenas de querellas y denuncias que partidos, sindicatos, organizaciones profesionales y particulares han presentado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión realizada para atajar la pandemia del coronavirus.

El partido liderado por Santiago Abascal ha ampliado la querella presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por Imprudencia Grave con resultado de muerte, contemplado en el artículo 142 y 142 bis en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos Delito de Lesiones por Imprudencia Grave, en su modalidad agravada prevista en art. 152 y 152 bis; así como sendos Delitos contra los Derechos de los trabajadores por Omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el art. 316 del Código Penal. El ministro ya había sido denunciado por esta formación junto a otros miembros del Ejecutivo.

A la veintena de denuncias que hay contra el Gobierno -de las que tenemos constancia pese a que podrían ser más-, se ha sumado este lunes la citación como imputado de uno de los pesos pesados del Partido Socialista de Pedro Sánchez, el actual delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.

El portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado que “si no se negocia” la reforma el sistema que rige la elección por parte de los partidos políticos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su formación no participará en la renovación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado finalmente una decisión que afecta directamente a Podemos, ahora dentro del Gobierno de coalición junto con el PSOE, que encabeza Pedro Sánchez: su portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha sido condenada a 19 meses de prisión por "liderar unos altercados contra la Policía" durante un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el barrio de Lavapiés en Madrid.

La Comandancia de Madrid de la Guardia Civil ha vivido su lunes negro tras la destitución por parte del Ministerio del Interior del coronel Diego Pérez de los Cobos. El cese se ha producido en pleno huracán mediático, cuando la Benemérita está siendo cuestionada por el amplio dispositivo que se ha podido ver en los últimos días en torno a la casa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid) para acallar a los más críticos con la gestión del Ejecutivo, a lo que se suma además la investigación que pesa sobre el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, por las concentraciones del 8-M o la imputación este mismo lunes del socialista José Manuel Franco.

Pese a que no es la única, ni la última que se espera por el clima de tensión que ha ido in crescendo en las últimas semanas, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido denunciado por familiares de una mujer que falleció por coronavirus por el delito de homicidio imprudente al considerarle responsable "de al menos 27.000 muertes" en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias". Además, han solicitado como medida cautelar la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Este lunes se ha producido la demanda colectiva que se llevaba fraguando durante las últimas semanas y que pone en tela de juicio la gestión del Gobierno. Hasta once abogados de todos los rincones de España, en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus, han presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo, por "posible delito de homicidio imprudente".