España se niega a pagar indemnizaciones por valor de 1.200 millones de euros a empresas afectadas por la retirada retroactiva de primas a las renovables. Como resultado, el país sufre embargos de sus bienes en el extranjero, incluyendo un convento en Londres. Además, España enfrenta otros frentes abiertos en el Reino Unido, como el embargo del derecho de cobro por la catástrofe del Prestige y la declaración de default técnico de bonos de deuda soberana española. Esto ha llevado a un encarecimiento en la financiación del Tesoro.