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Greenpeace

07/04/2022@13:50:05
Greenpeace ha calculado los ‘beneficios inmorales’ de las petroleras, cuyos márgenes han subido desproporcionadamente desde el inicio de la guerra. Solo en España, ingresan 7,6 millones de euros adicionales al día, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras.

En respuesta al Plan de choque contra el impacto económico y social de la guerra presentado hoy en el Consejo de Ministros, Greenpeace considera que son necesarias medidas de choque temporales para aliviar la situación de hogares y pequeñas empresas, pero lamenta la poca implicación de las empresas que se están beneficiando de esta crisis.

Casi dos tercios de todas las misiones militares de la UE vigilan y aseguran la producción y el transporte de petróleo y gas a Europa.

La investigación desvela la connivencia entre Gobierno e industria y confirma la participación de un exministro de Defensa en la venta de morteros y munición localizados en el conflicto de Yemen. Greenpeace tiene abierto un procedimiento judicial contra el Gobierno para exigir el acceso a información sobre comercio de armas españolas, que pueden estar siendo utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional.

Estados Unidos e Italia han anunciado la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que encabezan la coalición que bombardea Yemen donde desde 2015 han muerto más de 12.000 civiles y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares.

Organizaciones estatales y de diferentes territorios del estado se aúnan en un paso histórico para exigir a la vicepresidenta Ribera y al Ejecutivo español un cambio de rumbo inmediato. La normativa europea exigía a España reutilizar y reciclar el 50% de los residuos municipales en 2020, un objetivo que la denuncia ante la Comisión Europea demuestra que no se va a cumplir ya que se sitúa por debajo del 35%. La queja ha sido aceptada a trámite hoy mismo.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el escrito de interposición de Greenpeace sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión, tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados.

Acabar con los vuelos cortos en la Unión Europea (UE) cuando exista una alternativa en tren podría ahorrar suficiente queroseno como para reducir en cerca de 2.000 millones de euros las importaciones de crudo desde Rusia, según un reciente análisis de la oficina de Greenpeace CEE.

La semana pasada la secretaria de Estado de Comercio negó que se ocultara información pero las evidencias disponibles revelan que el Ejecutivo omite envíos a ciertos países. Por ello, Greenpeace pide la derogación de la ley franquista de secretos oficiales que permite al Gobierno operar al servicio de la industria armamentística y de espaldas al Parlamento.

Greenpeace condena enérgicamente la decisión del Gobierno japonés de arrojar los más de 1,23 millones de toneladas de aguas residuales radiactivas almacenadas en tanques en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en el océano Pacífico.

Según un análisis de la Climate Action Network y Bankwatch, España incumple todos los requisitos demandados por la Comisión Europea para la participación pública en los Planes de Recuperación Nacionales. "Los fondos europeos suponen una oportunidad única para impulsar la transformación del sistema que obligan a poner en marcha procesos de participación pública", destaca Greenpeace, que insiste en la necesidad de caminar hacia una Recuperación Verde y Justa que sería viable con una inversión equivalente al 4,8% del PIB en los próximos 4 años.

Concentrados frente al Congreso de los Diputados, varios activistas de diversas organizaciones, entre las que se cuenta ATTAC, Amigos de la Tierra, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Feministas por el Clima, Greenpeace, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Observatorio de Multinacionales en América Latina–Paz con Dignidad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma contra los Fondos Buitre y Red Ecofeminista, han representado el «reparto del pastel» en referencia a la previsible adjudicación desigual de los fondos de recuperación europeos tras la crisis de la COVID–19.

Las flotas pesqueras internacionales, incluida la española, ‘arrasan’ a diario las aguas de la zona. La organización ecologista Greenpeace urge al Gobierno español a que colabore con países como Senegal o Mauritania en la sostenibilidad de sus sectores pesqueros locales.

Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han querido expresar la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas y han exigido al Gobierno del Estado la recuperación de la moratoria de cortes en pleno estado de alarma y pandemia mundial a través de un manifiesto.