Fraude

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, con 2,666 casos activos al final del año, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. La estimación del daño al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, siendo el fraude del IVA transfronterizo el más destacado, con un impacto de 13.15 mil millones de euros. En total, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones y se procesaron 6,547 informes de delitos, un aumento del 56%. La EPPO también congeló activos por valor de 849 millones de euros en su lucha contra el fraude europeo. Este informe subraya la creciente importancia de la EPPO en la arquitectura antifraude de la UE y destaca la necesidad de mejorar los recursos y la cooperación entre los Estados miembros para abordar eficazmente estos delitos.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado una acusación en Sofía, Bulgaria, contra dos individuos por defraudar un total de 66.750 euros del Fondo Social Europeo y cofinanciación nacional. Los acusados, un gerente de una empresa búlgara y su cómplice, están implicados en la presentación de información falsa al Ministerio de Trabajo y Política Social para obtener fondos destinados a apoyar el empleo de personas desempleadas. La investigación reveló la creación de documentos falsificados entre 2021 y 2022, incluyendo contratos laborales falsos. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de corrupción en el sector sanitario de Chequia, con la detención de 22 personas y 46 registros en diversas localizaciones. La investigación revela que 16 sospechosos habrían explotado procesos de contratación pública para obtener beneficios financieros ilícitos relacionados con el Hospital Universitario Motol en Praga. Se estima que la corrupción afecta proyectos financiados por la UE por un valor superior a 160 millones de euros. Los cargos incluyen fraude de subsidios, corrupción y blanqueo de capitales. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria, acusados de defraudar más de 6 millones de euros del presupuesto de la UE en un esquema relacionado con maquinaria de construcción. Los imputados, parte de un grupo criminal organizado, establecieron ocho empresas para solicitar fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la maquinaria adquirida nunca se utilizó según lo acordado y fue vendida en su lugar. La investigación comenzó tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y podría resultar en penas de prisión significativas para los acusados.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros en un procedimiento de contratación pública para la adquisición de trolebuses en el municipio de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo Europeo de Cohesión, tenía como objetivo reducir la contaminación del aire mediante la compra de nueve trolebuses eléctricos. Se descubrió que los vehículos fueron adquiridos a una empresa estatal bielorrusa, sujeta a sanciones europeas, en lugar de a una compañía polaca como se había declarado. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras la denuncia de un particular, evidenciando la importancia del trabajo especializado en casos de la EPPO.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. destina más de 100.000 millones de dólares anuales en prestaciones sociales a personas no identificadas, según revelaciones de Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Musk advirtió que aproximadamente la mitad de estos pagos podrían ser fraudulentos, lo que representa un impacto significativo en el presupuesto. En respuesta a estas preocupaciones, se están implementando medidas para aumentar la transparencia en los pagos gubernamentales, incluyendo la exigencia de códigos de categorización y justificaciones para cada transacción. Esta situación surge en medio de esfuerzos por parte de la administración Trump para combatir la corrupción en el gobierno.

La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha detenido a dos personas en Timișoara, Rumanía, en una investigación sobre un fraude de 166.000 euros relacionado con fondos de la UE destinados a la contratación de personas en situación vulnerable. Entre 2020 y 2023, once sospechosos presentaron solicitudes para cinco proyectos financiados principalmente por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de integrar a 34 personas en el mercado laboral durante un año. Se les acusa de haber elaborado contratos de trabajo falsos y nóminas para empleados ficticios, utilizando los fondos para fines personales. La investigación cuenta con el apoyo de diversas autoridades rumanas y se han impuesto medidas cautelares para recuperar los daños. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Róterdam investiga un caso de fraude aduanero y blanqueo de capitales relacionado con la importación de bicicletas eléctricas (e-bikes) desde China. La investigación, que se lleva a cabo en los Países Bajos, ha llevado a la realización de registros en propiedades de dos sospechosos que supuestamente facilitaron la importación fraudulenta mediante declaraciones aduaneras falsas. Se estima que al menos 25 contenedores fueron introducidos ilegalmente en la UE, causando una pérdida al presupuesto europeo de al menos 1,8 millones de euros en medidas antidumping y antisubsidios. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Una ciudadana de Monterrey ha denunciado el despojo irregular de terrenos que pertenecían a su familia, los cuales fueron vendidos a Tesla para la instalación de una Gigafactory en Nuevo León. María de los Ángeles García relata que la disputa se originó en 2019, cuando funcionarios estatales eliminaron registros catastrales relacionados con el rancho El Carvajal. La familia ha iniciado un juicio contencioso administrativo y sostiene que la desaparición del expediente catastral es clave para entender el supuesto fraude. En marzo de 2023, Tesla adquirió 1.194 hectáreas del terreno por cerca de 100 millones de dólares, reavivando las disputas sobre la propiedad.

La Fiscalía Europea ha arrestado a dos sospechosos en los Países Bajos por su implicación en un esquema de fraude aduanero relacionado con importaciones de biodiésel, que ha causado un daño estimado de más de 60 millones de euros. Los detenidos, considerados líderes de una organización criminal, supuestamente importaron biodiésel de origen estadounidense a la UE, declarando falsamente su procedencia como Marruecos. Además, se investiga su participación en la importación fraudulenta de biodiésel declarado como producido a partir de aceite de cocina usado para evadir derechos antidumping. La investigación comenzó gracias a información proporcionada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, por un fraude de 1,73 millones de euros relacionado con sistemas de riego en Rumanía. La investigación reveló manipulación en el proceso de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de una cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias por un valor aproximado de 500,000 euros para recuperar daños al presupuesto de la UE. Este delito puede conllevar penas de hasta 10.5 años de prisión.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto líder de una organización criminal dedicada a un fraude de subvenciones de 100 millones de euros en Rumanía, con posibles vínculos mafiosos. El sospechoso, un ciudadano italiano, fue detenido en el aeropuerto internacional "Henri Coanda" mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que su grupo utilizó empresas italianas para obtener financiación de la UE mediante licitaciones fraudulentas en el sector de la construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas. A pesar de haber ganado contratos por más de 100 millones de euros, las empresas implicadas no realizaron ningún trabajo real. Este caso subraya los esfuerzos de la EPPO para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y está investigando a una institución educativa por sospechas de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. Los detenidos están relacionados con un jardín de infancia que recibió más de 255,000 euros en fondos del Fondo Social Europeo para mejorar sus servicios, pero se sospecha que estos fondos fueron mal utilizados. Se alega que presentaron informes falsos al Servicio de Empleo Croata para justificar pagos y que la propietaria exigía a su personal devolver parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales croatas.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos en Rumanía contra un individuo y una empresa por fraude y falsificación relacionados con dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, que recibieron financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los acusados habrían presentado más de 240 documentos falsificados para obtener más de 2,1 millones de euros, principalmente del presupuesto de la UE. Las investigaciones revelaron irregularidades en la construcción de invernaderos, incluyendo uno destinado al cultivo de fresas. Se han impuesto medidas cautelares, como el embargo de bienes por un valor total superior a 1,2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales rumanos.