El entramado criminal, asentado en la localidad de Fuente Álamo (Murcia), introducía de manera irregular en España a mujeres latinoamericanas, concretamente de Honduras y Paraguay, con la finalidad de explotarlas sexualmente o como cuidadoras de personas mayores. En el registro realizado en una vivienda utilizada como prostíbulo los agentes localizaron un hueco de dimensiones muy reducidas que habría sido utilizado para esconder a mujeres en caso de presencia policial.
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