EPPO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado una acusación contra dos individuos y una empresa por fraude de subsidios relacionados con fondos agrícolas de la UE. La investigación se centra en la modernización de almacenes de frutas valorada en más de 500,000 euros, cofinanciada por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural. Los acusados falsificaron información en la solicitud de pago, lo que resultó en pagos ilegales de 32,655 euros de fondos europeos y 10,989 euros del presupuesto nacional. Si son condenados, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y seis años. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía ha presentado cargos contra un empresario y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó fondos para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental, lo que comprometía la imparcialidad del proceso. Se estima que obtuvo ilegalmente alrededor de 365,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo cuatro registros en la provincia de Galați, Rumania, en una investigación sobre un fraude de 850,000 euros relacionado con un proyecto de modernización de sistemas de riego financiado por la UE. Se investiga a una cooperativa agrícola que presentó documentos falsos para obtener fondos y manipuló el procedimiento de contratación pública para favorecer a una empresa vinculada a uno de los sospechosos. Dos personas han sido colocadas bajo control judicial y se han congelado sus cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación administrativa sobre posibles irregularidades cometidas por un fiscal europeo búlgaro en el marco de una investigación en curso. El Fiscal Jefe Europeo ha informado al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a la Comisión Europea sobre esta decisión. La independencia de los fiscales europeos es fundamental para el funcionamiento del EPPO, que se encarga de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta situación resalta la importancia de mantener altos estándares éticos y de independencia en el ejercicio de sus funciones.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado las primeras condenas en el caso de fraude fiscal conocido como "Midas", que abarca 17 países y causa un daño estimado de 195 millones de euros. El 18 de marzo, el Tribunal Regional de Landshut sentenció a dos individuos por fraude organizado al reclamar devoluciones de IVA basadas en facturas fraudulentas, lo que resultó en una pérdida fiscal de aproximadamente 5 millones de euros. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y el otro tres años y seis meses, además de la confiscación de 5 millones de euros. La investigación, dirigida por las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, expone una red criminal compleja detrás del fraude mediante empresas ficticias y transacciones simuladas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) lidera una investigación en Chequia sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. Se realizaron operativos en Chequia y Letonia, resultando en cinco arrestos. Los sospechosos son acusados de aplicar fraudulentamente una tasa reducida de IVA a teléfonos importados desde fuera de la UE, lo que les permitió beneficiarse ilegalmente del régimen de margen del IVA. Se han confiscado activos valorados en 2.5 millones de euros, incluyendo propiedades y vehículos. La EPPO continúa su labor para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la UE.