DOJ

El presidente Donald Trump ha comenzado su mandato con cambios drásticos en el Departamento de Justicia (DOJ) y la implementación de políticas de inmigración más estrictas. En su primer día, despidió a cuatro altos funcionarios del DOJ, incluyendo a la Jueza Principal de Inmigración, Sheila McNulty, sin previo aviso. Además, casi dos docenas de oficiales senior fueron reasignados, lo que ha generado preocupaciones sobre la politización del departamento y la pérdida de conocimiento institucional. Trump también autorizó el despliegue de 1,500 tropas adicionales en la frontera con México, aumentando el total a aproximadamente 3,700, con planes de llegar a 10,000 en las próximas semanas. Estas acciones reflejan un enfoque más militarizado hacia la seguridad fronteriza y han suscitado críticas sobre sus implicaciones humanitarias. La administración busca cumplir con su agenda "América Primero", mientras enfrenta un aumento histórico en los cruces ilegales.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha demandado a CVS Pharmacy, acusando a la cadena de farmacias de llenar ilegalmente recetas de opioides y facturar programas de salud federal, contribuyendo así a la crisis de opioides en EE. UU. La demanda sostiene que CVS ignoró señales de alerta y priorizó las ganancias sobre la seguridad del paciente, llenando combinaciones peligrosas de medicamentos. El DOJ busca responsabilizar a CVS bajo la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Reclamos Falsos, lo que podría resultar en sanciones civiles significativas. CVS niega las acusaciones y destaca su cooperación con la investigación. Esta acción es parte de un esfuerzo mayor para hacer responsables a las corporaciones por su papel en la epidemia de opioides, que ha causado más de 800,000 muertes desde 1999.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha demandado a Walgreens por llenar millones de recetas de opioides ilegales, contribuyendo a la crisis de opioides en el país. La demanda alega que Walgreens ignoró "señales de alerta" y presionó a los farmacéuticos para priorizar la rapidez sobre la diligencia debida, lo que permitió que medicamentos peligrosos inundaran las comunidades. Se acusa a la cadena de farmacias de violar la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Reclamos Falsos, buscando el gobierno sanciones civiles y daños. Este caso resalta el papel de las farmacias en la epidemia de opioides, que ha causado casi 727,000 muertes desde 1999.