Biden

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha autorizado la producción inmediata de energía a partir del carbón como estrategia para competir con China en el sector energético. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump criticó las regulaciones ambientales que, según él, han limitado la capacidad del país para aprovechar sus recursos energéticos. A pesar de que el uso del carbón ha disminuido significativamente en los últimos años, esta decisión podría revertir esa tendencia. La Agencia de Protección Ambiental también está revisando regulaciones que afectan a las centrales de carbón, lo que podría permitir su conservación. Para más detalles, visita el enlace.

Un informe alarmante revela que hasta 17,000 cristianos han sido asesinados en Siria, mientras los medios de comunicación mantienen un silencio inquietante sobre la situación. Este genocidio, que también afecta a la comunidad alauita, ha sido documentado por el eurodiputado griego Nikolas Farantouris tras su visita a Damasco. Las cifras varían entre 7,000 y 17,000 muertos en un contexto de violencia extrema y limpieza étnica. La comunidad internacional enfrenta críticas por su inacción ante estos crímenes atroces. Se hace un llamado urgente para proporcionar protección a las minorías perseguidas en Siria. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/17000-christians-slaughtered-in-syria-media-blackout/.

Un reciente descubrimiento sugiere que todos los documentos y órdenes ejecutivas firmados por el presidente Joe Biden podrían ser considerados nulos y sin valor constitucional debido al uso de un autopen. Este hallazgo plantea serias dudas sobre la legalidad de sus decisiones, incluyendo indultos, y ha llevado a la solicitud de una investigación sobre su capacidad mental. El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, argumenta que si Biden no estaba en condiciones de tomar decisiones, las acciones tomadas por su administración podrían ser anuladas bajo la 25ª Enmienda. Esta situación podría tener repercusiones significativas en la política estadounidense y cuestionar la legitimidad de múltiples políticas implementadas durante su mandato. Para más detalles, visita el enlace.

RFK Jr. ha detenido un contrato de 240 millones de dólares firmado por el ex presidente Biden para desarrollar una vacuna oral contra el COVID-19, en colaboración con la empresa biotecnológica Vaxart, Inc. Este proyecto iba a iniciar ensayos clínicos con 10,000 participantes, pero las acciones de RFK Jr. han suscitado dudas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna propuesta. La organización Children’s Health Defense, fundada por RFK Jr., busca prevenir desastres de salud pública y aboga por la transparencia en las políticas de salud. Su intervención marca un cambio hacia la crítica del gasto gubernamental en iniciativas relacionadas con la pandemia y enfatiza la necesidad de reformas regulatorias.

Jake Tapper de CNN ha coescrito un libro titulado "Original Sin", que aborda la supuesta encubrimiento del deterioro cognitivo del presidente Biden durante su mandato. A pesar de haber desestimado previamente las preocupaciones sobre la salud mental de Biden, Tapper ahora afirma haber realizado más de 200 entrevistas para revelar esta información. Las críticas apuntan a que Tapper se beneficia económicamente de una verdad que ayudó a ocultar mientras Biden estaba en el cargo. Este giro ha generado controversia y acusaciones de hipocresía periodística, ya que muchos consideran que Tapper debió abordar estas inquietudes mucho antes. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE. UU. está investigando las subvenciones por 20.000 millones de dólares del expresidente Joe Biden destinadas a proyectos de energías alternativas, según informó The Washington Post. Funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han sido interrogados sobre la asignación de estos fondos, que se enmarcan en el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero establecido en la ley climática de 2022. La nueva dirección de la EPA sostiene que los fondos fueron distribuidos sin el control adecuado y busca recuperarlos, mientras surgen preocupaciones sobre posibles abusos y despilfarro en su gestión.

La administración de Joe Biden ha destinado millones de dólares a actividades en Polonia que, según un informe de Gazeta Polska, buscan interferir en las elecciones y debilitar al gobierno del Partido Ley y Justicia (PiS). El análisis, compartido por el influencer Mario Nawfal, revela que USAID financió grupos progresistas y campañas contra medios conservadores, además de promover políticas pro-LGBT en escuelas. Estas acciones han sido criticadas como una forma de injerencia extranjera en la política polaca. La situación ha generado un amplio debate público, incluso con reacciones de figuras como Elon Musk. Para más detalles, visita el enlace.

La administración Biden ha sido acusada de manipular los datos de arrestos de ICE, clasificando arrestos "passthrough" —donde los migrantes son procesados y liberados sin acciones de enforcement— como arrestos legítimos, lo que infló las cifras reportadas. Solo el 29% de los arrestos durante la era Biden involucraron acciones reales, mientras que el 71% fueron "passthrough". Esto contrasta con la administración Trump, donde un mayor porcentaje de arrestos se centró en criminales convictos y sospechosos de pandillas. Las políticas actuales de Biden han generado preocupaciones sobre la seguridad pública al dejar a muchos migrantes con antecedentes penales en libertad. La administración Trump ha revertido estas políticas, enfocándose en una ejecución más robusta de las leyes migratorias para restaurar la confianza y proteger a las comunidades estadounidenses. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/bidens-ice-cooked-the-books-on-illegal-immigration-trump-officials-expose-deceptive-data-and-enforcement-failures/.

Una investigación de la Heritage Foundation revela que casi todos los documentos firmados durante la presidencia de Joe Biden fueron realizados con un autopen, lo que plantea serias dudas sobre su control y conocimiento. La única firma confirmada de Biden fue su carta de retirada de la carrera presidencial de 2024. El Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey, exige una investigación del DOJ sobre la capacidad mental de Biden y la posible explotación de su declive cognitivo por parte de funcionarios no electos. Si se confirma esta situación, las acciones ejecutivas y indultos emitidos bajo su nombre podrían ser nulos, generando una crisis constitucional sin precedentes en la historia política estadounidense. Este escándalo pone en evidencia el funcionamiento interno del gobierno y cuestiona quién realmente estaba al mando durante su administración.

El Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey, ha solicitado al Departamento de Justicia (DOJ) que investigue si el supuesto deterioro cognitivo del presidente Joe Biden permitió a su personal no electo implementar políticas radicales sin su consentimiento informado. Bailey argumenta que las acciones de clemencia de Biden, que incluyen un récord de 2,490 conmutaciones en un solo día, sugieren una explotación por parte de su equipo para promover políticas de izquierda. Un informe del Consejero Especial Robert Hur describe a Biden como un "hombre mayor con mala memoria", lo que plantea dudas sobre su capacidad mental para aprobar decisiones. La controversia reaviva críticas hacia los medios y los demócratas por supuestamente encubrir la declinación cognitiva de Biden y podría tener implicaciones constitucionales significativas si se determina que sus decisiones fueron inválidas.

Donald Trump ha resaltado el éxito de su administración en materia fronteriza durante su primer mes de segundo mandato, destacando la labor de Tom Hogan como "zar de la frontera". En febrero se registraron mínimos históricos de entradas de inmigrantes ilegales, con solo 8.326 arrestos en la frontera con México. Trump comparó esta cifra con los más de 300.000 inmigrantes indocumentados que ingresaron bajo la administración Biden. Además, enfatizó el fin de la "invasión" y las duras penas para quienes intenten ingresar ilegalmente al país. La administración también ha tomado medidas contra organizaciones narcotraficantes y ha colaborado con México y Canadá para reforzar las fronteras.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se unió a otros líderes estatales en la solicitud de procesamiento del Dr. Anthony Fauci por su manejo de la pandemia de COVID-19. DeSantis sugirió que el nuevo fiscal general de Florida, James Uthmeier, podría investigar y potencialmente acusar a Fauci bajo la ley estatal, citando posibles violaciones legales. Este llamado ocurre en medio de una coalición de 17 fiscales generales que han instado al gobierno federal a compartir pruebas sobre posibles irregularidades cometidas por Fauci, incluyendo encubrimientos sobre los orígenes del virus y la falta de supervisión en las subvenciones del NIH. La controversia se intensifica tras el perdón otorgado por el presidente Biden a Fauci, lo que podría motivar a otros estados a buscar responsabilidad legal.

La iniciativa Biden Cancer Initiative ha sido objeto de controversia tras revelarse que gastó millones en salarios y conferencias, sin destinar un solo dólar a la investigación sobre el cáncer. Los informes fiscales indican que el presidente de la organización, Gregory Simon, recibió casi $430,000 en 2018, mientras que la entidad no logró cumplir con su misión de acelerar el acceso a tratamientos. Este escándalo plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia en el manejo de fondos benéficos, resaltando la necesidad urgente de una mayor supervisión en el sector sin fines de lucro. La falta de resultados tangibles y el uso indebido de donaciones han llevado a muchos a cuestionar la integridad del liderazgo de Biden y su familia. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/biden-cancer-charity-scandal-millions-spent-on-salaries-zero-on-research-a-betrayal-of-trust/.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha declarado que su país no reconoce ninguna deuda con Estados Unidos por la ayuda militar recibida. En un reciente pronunciamiento, Zelenski afirmó que Ucrania recibió 100.000 millones de dólares en asistencia y rechazó la cifra de 500.000 millones propuesta por EE.UU. como base para un acuerdo que implicaría el control estadounidense sobre recursos críticos en Ucrania. Zelenski enfatizó que la ayuda se considera subvenciones y no deudas, y se mostró reacio a aceptar condiciones que pudieran comprometer a futuras generaciones de ucranianos. Esta postura se produce en medio de negociaciones sobre un fondo destinado a compensar a EE.UU. por su apoyo financiero al régimen de Kiev.