Fuentes jurídicas conocedoras de la decisión detallan que, si la Ley de Amnistía entra en vigor según lo previsto y no cambian los aspectos fundamentales de la norma conocidos este lunes, el juez Manuel García-Castellón presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el caso Tsunami, el magistrado investiga las actividades violentas alentadas por los radicales de esta plataforma independentista que, como protesta contra la condena a los líderes del procés, colapsó el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019.
Avanzan a este periódico las citadas fuentes que, una vez entre en vigor la futura Ley de Amnistía, García-Castellón podrá dirigirse al TJUE y plantearle si dicha norma es compatible o no con el Derecho de la Unión Europea. Este proceso, conocido como cuestión prejudicial, permitiría al magistrado plantear al Tribunal una o varias preguntas concretas para constatar si la ley nacional contradice o no los pilares legislativos comunitarios. Si el TJUE concluyera que la norma es contraria al Derecho de la Unión Europea, España tendría la obligación de reformarla, lo cual supondría un revés para los promotores de la misma.
Si un juez considera necesario obtener una decisión del TJUE para emitir su fallo, puede solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la compatibilidad de una norma o decisión con el Derecho comunitario, según lo establecido en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En estos casos, el procedimiento será suspendido por el juez a la espera de respuesta, tal como indica el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente, el secretario del Tribunal de Justicia notificará esta decisión a las partes litigantes, los Estados miembros y la Comisión, así como a la institución, órgano u organismo de la Unión responsable del acto cuya validez o interpretación está siendo cuestionada. Todas las partes tendrán un plazo de dos meses para presentar sus argumentos por escrito.
La proposición de ley presentada este lunes por el PSOE incluye un aspecto muy delicado que consiste en la amnistía de los actos de terrorismo relacionados con el procés, siempre y cuando no haya una sentencia firme al respecto y no hayan causado muertes. En el caso del Tsunami Democràtic, aún no ha sido juzgado, por lo tanto, no existe ningún fallo judicial, mucho menos uno firme.
Los doce miembros de los CDR, a quienes García-Castellón procesó por fabricación y tenencia de explosivos y por pertenencia a organización terrorista, no han sido juzgados por la Audiencia Nacional. Por lo tanto, la Ley de Amnistía en proyecto también permite amnistiar a estos doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Hace una semana, el expresidente catalán Carles Puigdemont fue imputado en el caso Tsunami Democràtic por el juez García-Castellón. Marta Rovira, secretaria general de ERC, y otras diez figuras independentistas también fueron imputadas en este caso que involucra a la empresa, la política y los medios de comunicación. El magistrado considera que todos ellos llevaron a cabo gestiones en secreto para favorecer el proyecto de Tsunami. De hecho, según un informe de la Guardia Civil, Marta Rovira se encontraba en labores de "coordinación" de la plataforma independentista y era el vínculo entre ésta y Esquerra Republicana.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto al criterio del juez, como fue adelantado por EL ESPAÑOL. Consideran que los actos atribuidos a Puigdemont y Rovira no constituyen terrorismo y que Tsunami, lejos de ser una plataforma "organizada" y jerarquizada, es más bien una plataforma "coral" y descabezada. En el auto en el que imputaba al expresidente catalán, García-Castellón destacó que lo hacía porque la Unión Europea considera el terrorismo como uno de los delitos más graves contra el Estado de Derecho y obliga a sus Estados miembros a perseguirlo.
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