“Mientras los españoles pagan sus hipotecas porque nadie se las condona, ven que quien perdió las elecciones está dispuesto a condonar una deuda de 15.000 millones que pagaremos el resto de los españoles en base a impuestos”, censura.
Critica que la presidenta del Congreso sigue sin fijar la fecha de la investidura de Sánchez y declara hábiles los festivos “por si Puigdemont considera que esos son los días en los que debe celebrarse la investidura”.
Agrega que esto vuelve a demostrar que “el PSOE permite que los hilos de nuestra democracia los esté manejando Puigdemont desde la clandestinidad”.
Denuncia que, tras un mes sin convocarse la Junta de Portavoces, los problemas y preocupaciones de la sociedad “han sido aplazados” en el Congreso de los Diputados porque “de lo único de lo que estamos pendientes es de lo que decide un prófugo de la Justicia”.
Por otro lado, afirma que, entre las cuestiones aplazadas, figuran iniciativas y solicitudes del Grupo Popular que exigen un control a un Gobierno en funciones, y que hoy se han vuelto a quedar encima de la mesa -sin someterse a votación-, como la crisis migratoria en Canarias.
Remarca que “las cesiones que Sánchez está dispuesto a llevar a cabo todavía no han terminado” y que la amnistía, el referéndum “que se intuye de manera velada” y la condonación de los 15.000 millones significan “hipotecar” el Estado de derecho, la igualdad de los españoles y la ruptura democrática de la financiación autonómica.
Gamarra añade que la condonación de los 15.000 millones nada tiene que ver con la mejora de la financiación de las Comunidades y que la negociación y las cesiones de Sánchez a los independentistas no tienen paragón y generan españoles de primera y de segunda.
Defiende que el marco para abordar la reforma del sistema de financiación es el multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no el bilateral, entre Sánchez y los independentistas.
“No nos vamos a quedar callados ni quietos y vamos a movilizar, desde el punto de vista institucional, jurídico y político, todos los instrumentos a nuestro alcance para defender el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley en el acceso a los servicios públicos”, remarca.
Por último, defiende la reforma del reglamento propuesta por el PP en el Senado, que responde a su compromiso sobre regeneración institucional del programa electoral, para que las leyes tengan la calidad suficiente, sean beneficiosas para la sociedad y no generen perjuicios, como sucedió con la ley del ‘sí es sí’.
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