La complicada situación de los refugiados sirios

Una nueva investigación del ‘Inmigration Policy Lab’ (IPL), en la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zurich, en Suiza, y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, señala que prohibir que los refugiados trabajen durante un periodo de tiempo tras su llegada reporta más problemas que beneficios, tanto al propio país que les acoge como a los propios solicitantes de asilo, que dependen casi de forma exclusiva de la ayuda humanitaria.

El coautor del estudio, Moritz Marbach, investigador postdoctoral en ETH Zurich, considera que “las políticas como la prohibición de empleo son miopes. En lugar de que los refugiados dependan del bienestar del gobierno durante años, los países pueden capitalizar su motivación inicial e integrarlos rápidamente”. Esto, además, ayudaría a que estas personas se adapten a sus nuevas circunstancias, tras tener que desplazarse a un país y una cultura diferentes, y después de vivir la violencia o la persecución en sus propias carnes, y carecer de recursos e incluso del apoyo social que les permita seguir adelante.

Falta de fondos

ACNUR ha reclamado en las últimas semanas la falta de financiación para garantizar protección y ayuda básicas a más de 13 millones de personas que pasan todo tipo de necesidades. Cabe recordar que más de 6,6 millones de sirios están desplazados dentro del país, y de ellos casi 3 millones se encuentran en zonas sitiadas y de difícil acceso, mientras que 5,6 millones de personas han huido de Siria desde 2011.

A pocas semanas de la llegada del invierno, la organización pide más fondos para sufragar las funestas condiciones en las que viven cientos de miles de personas que se han visto obligadas a huir de sus casas, con el mero objetivo de sobrevivir. "Es imperativo evitar más sufrimiento y más incertidumbre a una población que ya ha soportado mucho", ha reclamado el portavoz de ACNUR, Babar Baloch.

El Mediterráneo, cada vez más peligroso

Tal y como señala ACNUR, la ruta entre Libia e Italia es la más peligrosa, con una persona muerta por cada 18 que llegaron a Europa durante el primer semestre del año: “Las nuevas medidas destinadas a combatir la inmigración irregular en el Mediterráneo central, incluido un mayor apoyo a las autoridades libias para impedir los cruces marítimos, las nuevas restricciones a la labor de las ONG que participan en operaciones de búsqueda y rescate, y un acceso limitado a los puertos italianos para los rescatados en el mar desde junio han provocado menos llegadas a Italia, pero una tasa de mortalidad mucho más elevada”.

España se ha convertido en el primer punto de llegada, con 27.600 inmigrantes en los primeros siete meses del año (23.800 vía marítima y 3.800 vía terrestre), seguido de Grecia y de Italia. Sin embargo, la ruta del Mediterráneo que llega a nuestro país es en la que más ha aumentado la mortalidad al pasar de 113 casos a 318 entre 2017 y 2018.

Por último, gracias a un estudio del Pew Research Center realizado en 18 países, se ha podido saber que los españoles son los más partidarios de recibir a personas que “huyen de la violencia y de la guerra”.

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