Han llamado poderosamente la atención las declaraciones efectuadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien con la lógica aquiescencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que “la era de la austeridad ha llegado a su fin”, lo que permitirá beneficiar a los sufridos funcionarios con una subida histórica del 8% (6% en el periodo 2018-2020 más un variable del 2%), 11 días al año de libre disposición, y como remate, la recuperación la jornada de 35 horas.
Tales manifestaciones chocaron frontalmente con la respuesta y tratamiento otorgado a los 9 millones de pensionistas, que recientemente y durante varios días han tomado las calles de nuestras ciudades, con manifestaciones masivas reivindicando una revisión de sus miserables retribuciones, cuyo incremento para el 2018 ha sido del 025%, al igual que los restantes 5 años anteriores, lo que implica una insufrible pérdida de poder adquisitivo para el amplio colectivo de jubilados que han tenido que recurrir a la protesta callejera para ser escuchados con muy escaso éxito y sin resultados.
El generoso comportamiento del Ejecutivo con los funcionarios, como era de esperar, ha sido altamente criticado por su descarado e inoportuno tinte electoralista y demagógico, si bien es justo reconocer a este colectivo sus sacrificios en la época de crisis que les fueron posteriormente compensados. No obstante, la citada mejora, debería guardar cierto paralelismo con la evolución salarial en el sector privado. Nadie imagina que en el ámbito de las negociaciones entre empresarios y sindicatos se contemplen semejantes porcentajes en torno al 8%. Con tal subida, se corre el riesgo del efecto llamada a otros sectores abocando a las cuentas públicas a una espiral de gasto irresponsable.
En sentido contrario si parece acertada la vinculación de cualquier mejora de las condiciones de trabajo y los sueldos de los funcionarios, condicionándolo a que la economía crezca en comunidades y ayuntamientos, siempre y cuando cumplan con sus respectivos presupuestos.
Últimamente, los comportamientos de la ciudadanía están resultando perturbadores para el Ejecutivo, que al parecer, no quieren, no pueden o no saben como solucionar ni reaccionar ante las sucesivas protestas de los ciudadanos. Tal situación, guste mas o menos, es un fiel reflejo de que los españoles no entienden ni comparten el comportamiento del Gobierno del PP. Los ciudadanos comienzan a hartarse de la forma de actuar de ciertos políticos que solo tratan de justificarse alegando “no saber o no recordar nada”, bien cuando son acusados de presuntos delitos de corrupción u otras irregularidades graves. Como igualmente miran hacia La Moncloa esperando acertadas decisiones y solo encuentran un incomprensible silencio que nada arregla y menos soluciona. La cuestión es mantenerse en el poder a cualquier precio porque lo demás les importa un cigoto…
Como nota discordante e incomprensible, en el último Consejo de Ministros y a pesar de la multitud de personas que inundaron nuestro suelo patrio con motivo de la huelga del 8M, al parecer, nada se debatió ni reflexionó sobre lo sucedido ni a modo de comentario y menos aún sobre el lazo morado de don Mariano. ¿Será cierto eso de la "parálisis política" de la que tanto se acusa al Gobierno? ¡¡Tiempo al tiempo!!