A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional ha decidido citar a un testigo clave para confirmar si el exjuez Baltasar Garzón recibió "una cantidad indeterminada de dinero en efectivo" del Grupo Prisa con el fin de neutralizar el procedimiento contra Sogecable. En un auto al que El Confidencial ha tenido acceso, el Juzgado Central de Instrucción 6 ha convocado a Manuel Lozano, quien admitió haber entregado personalmente este dinero a Garzón en su despacho oficial de la Audiencia Nacional durante la investigación contra Sogecable a finales de los años 90.
En 1997 comenzó el procedimiento contra Sogecable, que pertenecía a Prisa, y se investigó a su consejo de administración por la supuesta apropiación indebida de 138 millones de euros de fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus. Por estos hechos, Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián fueron procesados por Javier Gómez de Liaño, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, Gómez de Liaño fue apartado del caso debido a acusaciones de falta de imparcialidad. "Temporalmente", Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5, asumió las diligencias y terminó enfrentándose con Gómez de Liaño.
Existen indicios según la Audiencia Nacional de que Prisa y el PSOE llevaron a cabo una trama en contra de Gómez de Liaño para anular el caso contra Sogecable y ordenaron al comisario José Manuel Villarejo espiarle. Gómez de Liaño fue citado por la Audiencia Nacional como perjudicado el pasado 1 de diciembre para esclarecer estos hechos y, durante su comparecencia, vinculó a Garzón con la presunta operación.
En un escrito del 1 de diciembre al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía Anticorrupción explica que, según el testimonio de un testigo, Manuel Lozano reconoció haber recibido dinero en efectivo del Grupo Prisa y entregárselo personalmente a Baltasar Garzón en su despacho oficial en la sede de la Audiencia Nacional. En aquellas fechas, Garzón era magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, sustituto legal del titular del Juzgado Central Número 1 y se hizo temporalmente cargo de la tramitación de las diligencias penales cuando Javier Gómez de Liaño fue recusado.
Destaca Anticorrupción que la versión de Villarejo concuerda con la declaración de Gómez de Liaño, quien encaja en 2019 presentó una denuncia mencionando su supuesta vinculación con esta operación contra el juez y mencionaba a Garzón. Según el comisario, los abogados Matías Cortés y Horacio Oliva, el periodista y directivo de Prisa Antonio Navalón, y el político socialista Txiqui Benegas habrían estado involucrados en esta supuesta trama, siendo Benegas quien habría ejercido como enviado de Felipe González.
El escrito de la Fiscalía advierte que las manifestaciones del testigo confirman la denuncia interpuesta por José Manuel Villarejo Pérez ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. En esta denuncia se menciona una reunión entre Villarejo y Baltasar Garzón en el restaurante Lur Maitea de Madrid. Es importante destacar que este restaurante fue el lugar donde se preparó la operación contra el magistrado-juez Javier Gómez de Liaño en ese momento.
"Las manifestaciones de Gómez de Liaño deben ser tomadas con la cautela exigible", reconoce Anticorrupción, pero considera que es pertinente recabar el testimonio directo para esclarecer mejor los hechos. En su escrito, solicita la citación como testigo del hombre que supuestamente entregó el dinero a Garzón, y el magistrado Joaquín Gadea atiende esta solicitud en una providencia fechada el pasado viernes.
"El juzgado, en un auto emitido el miércoles, respalda al fiscal y afirma que se cumple el triple filtro de pertinencia, necesidad y utilidad en este caso", asegura. "La declaración testifical es relevante porque identifica a un sujeto específico que habría estado directamente involucrado en los hechos bajo investigación. Además, es necesaria ya que ayudará a definir con mayor precisión los delitos, considerando que la declaración del señor Liaño es simplemente la de un testigo de referencia. En cambio, en este caso se trata de la persona que participó en dichas acciones. Por lo tanto, también debemos afirmar su utilidad", concluye el juzgado.
Gómez de Liaño fue condenado.
En julio de 1997, se solicitó por parte de Juan Luis Cebrián que Gómez de Liaño fuera apartado del caso Sogecable debido a su "interés indirecto" en la causa y a una "enemistad manifiesta" contra él. La responsabilidad de instruir esta recusación fue asumida temporalmente por Garzón, quien también se hizo cargo del procedimiento.
En septiembre de 1997, Garzón decidió abstenerse de la recusación. Para justificar su decisión, alegó que tenía conocimiento extraprocesal sobre supuestas reuniones entre Gómez de Liaño y varios acusadores del caso. Esta supuesta confabulación provocó un enfrentamiento entre ambos y llevó a la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo. En 1999, Gómez de Liaño fue expulsado de la carrera judicial por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.
La sentencia fue aprobada por dos de los tres magistrados, incluyendo a Enrique Bacigalupo, quien está cerca del PSOE. Según lo que dice Villarejo, él estuvo involucrado en un presunto soborno a este magistrado con el fin de apartar a Gómez de Liaño del caso contra Sogecable, el cual finalmente fue archivado por la Audiencia Nacional. La foto es de José Manuel Villarejo. (EFE/Luis Millán)
En el año 2000, Gómez de Liaño fue indultado por el Gobierno de José María Aznar. Sin embargo, su mayor logro ocurrió ocho años después, cuando España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar los derechos del magistrado. Según Estrasburgo, Gómez de Liaño no recibió un juicio justo ni imparcial debido a la participación previa de los magistrados que lo condenaron en numerosos actos de instrucción relacionados con el caso Sogecable.
Gómez de Liaño, tras la denuncia pública de Villarejo y el descubrimiento de documentos sobre el supuesto proyecto encubierto, decidió solicitar su participación en el procedimiento como uno de los perjudicados por los espionajes del comisario. El magistrado a cargo del caso, Manuel García-Castellón, rechazó su petición en dos ocasiones, pero hace meses la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón y ordenó llevar a cabo diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales.
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