La Guardia Civil ha destapado una trama que supuestamente compraba votos por correo a cambio de dinero y promesas de empleo público para favorecer al PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo en Mojácar. Diez personas han sido detenidas o investigadas, entre ellas dos candidatos socialistas y varios empresarios del sector hostelero. ¿Pero qué hay detrás de este caso que ha sacudido la política local y estatal?
¿Quién financiaba esta operación y con qué objetivo? Eso es lo que trata de averiguar la Guardia Civil, que no descarta más detenciones. Pero en la investigación ya se baraja una cifra muy concreta: 150.000 euros, que encaja bastan bien con otras piezas de este puzle.
Así, si el pago era de entre 100 y 200 euros por voto, y una comisión de 50 euros por captar el de otra persona, y le sumamos que ahora el PSOE tiene 5 ediles y el PP tiene 8, que es por tanto necesario "volcar" tres concejales de un lado a otro, y que cada uno de ellos supone una media de 300 votos, la suma sale. Con 150.000 euros es posible la operación por lo que la clave a partir de ahí es conocer de dónde viene ese dinero, y qué querrían conseguir quienes lo ponen para cambiar el signo político del Ayuntamiento.
Algunas fuentes políticas apuntan a que los intereses urbanísticos e inmobiliarios podrían estar detrás, ya que Mojácar no tiene aprobado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y es un enclave turístico muy codiciado. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un apartamento en este municipio.
SECTOR HOSTELERO
Otro posible motivo sería el enfrentamiento del sector hostelero con la alcaldesa del PP, que ha impulsado normativas para convertir a Mojácar en un destino tranquilo y de alto standing, prohibiendo el ruido nocturno y las macrofiestas. El sector se ha quejado de estas medidas y ha contado con el apoyo del PSOE. Se da la circunstancia de que uno de los detenidos es empresario hostelero y candidato socialista.
Nos referimos a Cristóbal Vizcaíno, uno de los arrestados por su supuesta colaboración en una red que pagaba o prometía empleos a clientes de locales nocturnos e inmigrantes de origen latinoamericano para que votaran al PSOE en Mojácar el 28-M, según fuentes de la investigación. En ese sector, mucha de la mano de obra - camareros, cocineros, personal de sala... - son inmigrantes de Iberoamérica.
ALGO PERSONAL
Además, hay un factor personal que podría haber influido en este caso y que está también relacionado con la cuestión inmobiliaria mencionada.
Bartolomé Flores Flores, cuyo domicilio fue allanado por la Guardia Civil al derribar la puerta durante en esta operación, es el padre de otro de los implicados y número dos la candidatura socialista, Francisco Bartolomé Flores.
Bartolomé fue alcalde de Mojácar en 1987 y 1994, y una joven concejal socialista llamada Rosa María Cano participó en la moción de censura contra él, con el apoyo del Partido Popular, y la ganó. Entonces llegó Gabriel, y el PSOE le expulsaría por tránsfuga, y más tarde ella se convirtió en alcaldesa con el Partido Popular, hasta el 28 de mayo, en que este partido ha puesto a otra persona como cabeza de lista.
SECTOR INMOBILIARIO
Desde entonces, a finales de los años 90 y principios de los años 2000, Bartolomé padre se dedicó por completo al urbanismo en ese mismo municipio, con Gabriel como alcalde. Durante ese periodo, se benefició de al menos dos cambios en el Plan General de Ordenación Urbana, con recalificaciones en 2005 en la Marina de las Torres y en la playa del Descargador.
En 2017, los hijos de Bartolomé se convierten en administradores solidarios de una de las empresas inmobiliarias que hasta entonces solo estaba a nombre de su padre, Dicabaja SL. Según el Registro Mercantil consultado por este medio, se sabe también que desde un año antes, él y su hermana son apoderados de Lotería el Indalo de Oro SL, que pertenece a esta familia de tradición socialista en el municipio almeriense.
Otras empresas familiares son Inversiones Isapaco SL, que se dedica a la construcción de edificios residenciales, Almasauc SL, que tiene su sede en Madrid y se creó en junio del año pasado, y casi una decena más de mercantiles diversas.
Como puede observarse, aunque se trata de un caso muy rocambolesco, al final todas las piezas encajan en un puzle en el que la justicia tendrá que poner la última pieza, porque hasta aquí, todo son presunciones fundadas.
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