Si atendemos al informe, se hace un análisis de la situación en la que se encuentra el control del gasto público de las Administraciones Públicas, concluyendo que está relativamente controlado en el ámbito estatal, en peor situación en el entorno autonómico y en mala situación en el entorno local.
“En lo que afecta a las elecciones municipales y autonómicas, creemos que sería bueno que todos los partidos políticos manifestasen su apoyo a invertir más medios en el control de las cuentas de autonomías y ayuntamientos, dotando de más recursos a los tribunales de cuentas y a los interventores, y a promover la colaboración público-privada en este ámbito”, ha señalado el presidente del Icjce, Ferrán Rodríguez.
En cuanto al ámbito autonómico, el informe muestra un elevado nivel de heterogeneidad, con País Vasco, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Navarra, Aragón y Asturias ocupando los lugares de cabeza del ranking elaborado gracias a que aúnan una supervisión de la mayor parte de su gasto público/actividad con una planificación de auditorías más sólida. Las posiciones más retrasadas de este ranking las ocupan Castilla-La Mancha, Cantabria, la Comunidad de Madrid y Extremadura.
Atendiendo al sector público estatal, tanto la Cuenta General del Estado (CGE) que se presenta de manera consolidada, como el sector público empresarial, y el sector público fundacional, están sometidos a fiscalización de sus cuentas en un porcentaje razonable (en términos del 87%, 93% u 85%, respectivamente), de la misma manera que el 87% de la CGE está sometida a fiscalización de legalidad, desconociéndose este dato en lo relativo a los sectores empresarial distinto del mercantil o al sector fundacional. La colaboración público-privada en este ámbito está resultando determinante para la consecución de estos resultados, según este estudio.
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