El 'Plan Sareb' del Gobierno se compone de tres partes: viviendas vacías disponibles, un proyecto para construir inmuebles en suelos de la sociedad y un programa de vivienda social. En el último programa, hay 14.000 casas que ya están habitadas, pero el objetivo es establecer un alquiler social con las personas que viven allí, incluyendo muchos okupas. Sin embargo, casi 10.000 de estos inmuebles están ocupados ilegalmente, lo que dificulta la posibilidad de cerrar un acuerdo de alquiler social en la mayoría de los casos.
Cerca de 2.500 casas han sido invadidas por okupas problemáticos, lo que dificulta la posibilidad de firmar un contrato de alquiler social. Los trabajadores sociales de Sareb han intentado negociar con los okupas en varias ocasiones, pero sin éxito. En estos casos, se solicita el desalojo, lo cual puede ser un proceso largo ya que el banco debe demostrar que no hay personas vulnerables o actividades ilegales como el tráfico de drogas. Una vez que se tienen pruebas, es más fácil obtener la aprobación del juzgado para el lanzamiento.
Además de las 2.500 viviendas existentes, hay otras 3.100 ocupadas por personas vulnerables, muchas de ellas con menores. Actualmente se están evaluando estas situaciones para determinar si se puede establecer un contrato de alquiler social con los ocupantes y brindarles apoyo. Para que se firme este tipo de contrato, es necesario que el inquilino cumpla ciertos requisitos y tenga un compromiso de corresponsabilidad, como la reintegración en el ámbito laboral.
La Sareb tiene unas 4.100 viviendas que son consideradas "alquiler de mercado", pero presentan diversas problemáticas y están en situación irregular. En algunos casos, un promotor que ha quebrado ha firmado un contrato de alquiler con una familia, lo que lleva a que un juez tenga que determinar si el contrato es válido o no. Si se determina que no lo es, la familia debe abandonar la casa, pero si se determina que sí lo es, la Sareb debe firmar un nuevo contrato de alquiler.
Si (
No(
Traductor
