Denuncian a Espot y al director de la policía por supuesto tráfico de influencias y prevaricación

www.lavalira.com.- El jefe de área de Presupuesto del Gobierno, Salus Chato, ha denunciado ante la policía al jefe de Gobierno en funciones, Xavier Espot, al ministro de Justicia e Interior, Josep Maria Rossell, a otros miembros del ejecutivo y al director de la policía, Jordi Moreno, por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, revelación de secreto profesional y de datos a los medios de comunicación porque considera que son los causantes de frenar su traslado por la empresa. ocupar la plaza de analista financiero en el cuerpo de orden.

La situación de Chato en el edificio administrativo no ha sido fácil desde su destitución como secretario de Estado de Economía y Empresa en septiembre de 2019 por haber participado como observador en partidos internacionales de fútbol. Cuatro años después ha pedido el traslado para ocupar la vacante que había quedado en la Policía como analista financiero, sin embargo, finalmente se le ha denegado, pese a que en un principio los informes eran favorables.

Los hechos se remontan al pasado 30 de septiembre cuando presenta una solicitud para ocupar el puesto que había quedado disponible. A lo largo de dos meses se le informa por parte del departamento de Policía y también desde Gobierno de que "había una persona que también optaba a la misma plaza y que se tendría que pasar las pruebas pertinentes". A mediados de noviembre le comunican que persona interesada rechaza la plaza porque se había presentado a otro concurso en la administración. Una vez conocida esta decisión, el director del cuerpo de orden, Jordi Moreno, emite un informe favorable para que Chato se incorporara al despacho como analista financiero, dado que reunía los requisitos exigidos para trasladarse. Un día después, la secretaria de Estado de Función Pública, Lara Vilamala, firma otro informe autorizando el traslado.

En la denuncia presentada a la Policía, el jefe de área de Presupuesto expone que en el marco de una cena de Navidad del Ministerio de Finanzas, a la que no asistió, la interventora general, Meritxell Bonell y el secretario de Estado de Asuntos Financieros, Marc Ballestà "anunciaron a mis compañeros de trabajo que marchaba al Departamento de Policía como analista financiero, desvelando una información personal que ni siquiera había compartido con mi familia". Sin embargo, Bonell también autorizaba su traslado. La cosa, sin embargo, según ha dejado escrito en la denuncia, se empieza a temblar a partir del 22 de diciembre cuando sale en la prensa su marcha, aunque no tuviera la confirmación oficial. Precisamente, aquel miércoles Vilamala lleva el dossier para que sea ratificado en la reunión del Consejo de Ministros, pero se acaba sacando del orden del día "sin que nadie me diga el motivo ni me dé copia de aquella sesión".

Tras comenzar el 2023, uno de los sargento mayor emite un informe negativo sobre la adjudicación de la plaza, alegando que en el traslado de Salus Chato hay ciertos aspectos que no han quedado demostrados como "los principios de publicidad, igualdad y concurrencia respecto al resto de funcionarios que ostentan los requisitos para ocupar la plaza de analista financiero" . En este sentido, el denunciante "sospecha que algún miembro de Gobierno ha influido en la decisión del sargento mayor". Dos días después, el director de la Policía, Jordi Moreno, ratificaba el informe negativo y pone de relieve que "considera adecuado promover la debida publicidad de la plaza de nueva creación con el objetivo de actuar en interés público". El 12 de enero Chato se vuelve a enterar por la prensa de que su traslado ha quedado paralizado.

Una vez conocida esta noticia pide el estado de su dossier y el 8 de febrero, desde la Policía se emite un nuevo informe exponiendo que la plaza ya no es necesaria cubrirla "porque se ha reestructurado la Unidad Financiera y entiendo que ha habido presiones por parte de alguien para rectificar este segundo informe". Hasta el 15 de febrero no recibe la resolución de Función Pública denegandole su traslado, "pero no recibí copia para poderme defender, negándome este derecho". El día 17 vuelve a hacer una nueva demanda a trámites para que le faciliten la copia de este expediente y no es hasta este pasado lunes 27 de marzo que ha recibido la documentación solicitada, a excepción del acta de la reunión del Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 2022. Los papeles, pero los ha recibido fuera de plazo para poder presentar las alegaciones y junto con su abogado ha decidido denunciar el caso.

Ha sido este viernes al mediodía cuando presentaba una denuncia en el despacho del cuerpo de orden contra el jefe de Gobierno en funciones, Xavier Espot, el ministro de Justicia e Interior en funciones, Josep Maria Rossell, la secretaria de Estado de Función Pública, Lara Vilamala, la secretaria general del ejecutivo, Esther Fenoll, el director de la Policía, Jordi Moreno, el sargento mayor de la policía, así como todos los miembros de Gobierno que asistieron a la reunión del Consejo de Ministros del 22 de diciembre. Considera que presuntamente se han cometido los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, revelación del secreto profesional y revelación de datos personales a los medios de comunicación.