Se han producido novedades sobre el caso del Policía Local de Almería y otro de Adra, quienes están siendo procesados por su presunta participación en una trama de prostitución y abuso de menores. Otras ocho personas también están siendo investigadas en relación a este caso, incluyendo un exlegionario y la hermana de una de las víctimas menores. Se alega que esta última persona habría facilitado el contacto entre los clientes y las cinco víctimas, que tenían entre 13 y 17 años en el momento de los hechos.
COACCIONES A SU ESPOSA
El intendente de la Policía Local de Almería ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería por coaccionar a su esposa para que abandonara la vivienda familiar compartida durante su relación. Se le acusó de cortar algunos suministros y llevarse enseres de la casa, argumentando que la vivienda era "suya y no de un parásito como ella".
La sentencia que puede ser apelada condena a un jefe de policía a diez meses de prisión por coacciones leves relacionadas con la violencia de género, así como a diez días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas. Además, se le ordena mantener una distancia de dos años y cinco meses con la víctima y se le prohíbe poseer armas durante dos años.
El acusado ha sido absuelto de los cargos de maltrato y acoso por los cuales el fiscal solicitaba dos años de prisión. No se ha podido demostrar que durante uno de los accesos a la vivienda, el acusado agredió a su exmujer para quitarle el móvil con el que iba a grabar la escena o que instaló cámaras de vigilancia en la vivienda para controlar sus movimientos.
Después de la separación del matrimonio, el acusado ha visitado la casa en varias ocasiones para retirar utensilios de cocina, elementos de decoración y un televisor. También desconectó el termo eléctrico, dio de baja la línea telefónica de la víctima y desconectó Internet en la vivienda. Además, envió mensajes de texto pidiéndole que se fuera de la casa y afirmó que la casa era suya y no de "un parásito como ella".
Durante el mes de diciembre, el acusado visitó la casa de su exmujer y comenzó a discutir con ella. Durante la discusión, le llamó "sinvergüenza", "choriza" y le dijo que debía trabajar en lugar de robarle y que debía abandonar la vivienda.
La Policía Nacional acudió a una vivienda debido a una discusión reportada por la víctima. La víctima afirmó que el acusado estaba intentando forzarla a abandonar la casa y proporcionó mensajes previos como prueba. Esto ocurrió el mismo día de los hechos.
SIN AUTORIZACIÓN DEL PLENO
La portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde, ha revelado que un miembro del alto mando de la Policía Local de Almería ha trabajado como preparador personal de oposiciones a policía local en una academia, a pesar de ser parte de los tribunales de promoción interna de policías locales en la misma ciudad.
El acusado ha sido designado en seis ocasiones por el concejal del Área de Función Pública y Primer Teniente Alcalde como miembro del tribunal calificador en pruebas selectivas para Policía Local, a pesar de estar procesado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y haber sido juzgado previamente por presuntos malos tratos. Cuatro de estas designaciones se realizaron en febrero de 2023, después del juicio por maltrato y durante su proceso judicial actual.
Según la denuncia, el equipo de Gobierno del PP ha mentido en su respuesta ya que se tiene constancia de que el acusado ha participado en al menos 6 tribunales de promoción interna en los últimos años, mientras que en su respuesta solo mencionan su participación como miembro de tribunal en un proceso para la provisión de tres plazas de subinspector de Policía Local.
En relación a las oposiciones, el equipo de Gobierno ha respondido que "en el Servicio de Personal y Régimen Interior no hay registro de una autorización plenaria de compatibilidad". Además, han afirmado que esto no se puede solicitar ya que es completamente incompatible para un Policía Local ejercer como formador.
"Ha vuelto a preguntar cómo es posible que se designe a un oficial de policía como miembro de un tribunal cuando tiene una causa pendiente por maltrato y aún no ha sido sentenciado", ha reiterado.
Según Adriana Valverde, el asunto parece sospechoso y no cree que los concejales del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería, liderado por la alcaldesa quien también es jefa de la Policía Local, desconocieran la situación del alto mando policial involucrado en dos causas judiciales y su actividad como preparador de oposiciones a policía local.
El anuncio fue hecho de que se solicitará una investigación interna sobre la actividad del intendente de la policía local, con el objetivo de averiguar por qué se le permitió ejercer ambas actividades.
El portavoz ha criticado al Partido Popular por la falta de respuesta de la alcaldesa y la concejala responsable del Área de Seguridad durante los hechos, lo que afecta negativamente a la imagen de la Policía Local y del Ayuntamiento de Almería. También ha destacado que la inacción de la alcaldesa no es justa para los agentes que trabajan diariamente con dedicación y ejemplaridad. En resumen, la Policía Local no merece sufrir una crisis de reputación debido a la falta de diligencia de las autoridades.
ACTUACIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Almería decidió apartar temporalmente a un agente como medida cautelar debido a la gravedad de los hechos por los que ha sido procesado y para evitar generar alarma social. Esta medida se mantendrá hasta que concluya el procedimiento penal. Cabe destacar que no se hizo referencia a otro proceso judicial relacionado con violencia de género.
Se le inició un expediente disciplinario por presuntas faltas disciplinarias, que podrían ser graves o muy graves si se confirman.
QUÉ SUCEDIÓ
Según la investigación llevada a cabo en la operación 'Terciaria' sobre los abusos a menores, el jefe de la Policía Local de Almería habría utilizado Skype para contactar con una supuesta proxeneta, quien además era hermana de una de las víctimas. El objetivo del contacto fue solicitar servicios sexuales con dos menores, y el jefe de policía se hizo pasar por un agente de la Guardia Civil para lograr su objetivo.
Según la investigación, algunas actividades habrían ocurrido durante el período más estricto del confinamiento por COVID-19 desde marzo de 2020. Como resultado, un menor fue encontrado en un vehículo cerca de un merendero con un posible cliente que también está siendo investigado por la Guardia Civil.
Dentro de los límites establecidos por el estado de alarma, dos personas fueron propuestas para una sanción administrativa por violar las medidas de confinamiento. Según la investigación, el policía local de Almería se habría puesto en contacto con la Guardia Civil que emitió la sanción para "interesarse" por dicha denuncia. Sin embargo, según los informes del sumario, no se llegó a tramitar la denuncia relacionada con la menor.
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