La Guardia Civil en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI), de los Estados Unidos, en el marco de la operación Magnolia, ha procedido a la detención de un ciudadano británico a requerimiento de las autoridades estadounidenses por los delitos de fraude, infracción a la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia de los EEUU y blanqueo de capitales, bajo las normas legales de aquel país, por la imposición y cumplimiento de las sanciones impuestas a personas físicas y jurídicas de origen ruso.
Dicha detención se produjo en el Aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Barajas (Madrid), cuando agentes detectaron la presencia de esta persona.
El detenido, habría cometido dicho fraude y blanqueo de capitales a favor de un ciudadano ruso y propietario de un conglomerado mercantil ruso con intereses en los sectores petrolíferos, energéticos y de las telecomunicaciones.
Cabe destacar, que este ciudadano ruso fue objeto de sanción en abril de 2018, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EEUU, tras las anexión de la península Crimea por parte de la Federación Rusa del año 2014, y nuevamente, tras la invasión rusa de Ucrania.
El objeto de la sanción es la actuación de este ciudadano ruso para o en favor del gobierno de la Federación Rusa, así como por sus operaciones de carácter tecnológico en dicho Estado.
El ciudadano británico detenido, es propietario y administrador de una sociedad mercantil con sede en Palma de Mallorca (Islas Baleares), dedicada al mantenimiento y prestación de servicios administrativos a embarcaciones. Entre sus clientes y embarcaciones gestionadas, figuraba un yate propiedad del ciudadano ruso sobre quien pesa una prohibición de operación en mercados y con entidades financieras y mercantiles estadounidenses. Este yate era utilizado por dicho ciudadano ruso y su entorno familiar.
Asimismo, la sociedad del detenido prestó servicios orientados a satisfacer las necesidades personales del propietario y usuarios del yate con conocimiento de la existencia de las sanciones y prohibiciones existentes sobre esta persona. Para sortearlas, el detenido, designó al yate con un seudónimo para no levantar sospechas. De esta manera, proporcionó servicios y bienes al propio yate, a su propietario y sus usuarios, por un valor de 485.149,03 dólares americanos, según las autoridades estadounidenses.
Igualmente, el detenido y su empresa percibieron ganancias considerables aprobando y coordinando el presupuesto operativo anual del yate, en el cual consta que una gran parte de dicho presupuesto estaba destinado a los honorarios pagados a la propia compañía gestora de la embarcación.
Los investigadores, calculan que el detenido y su empresa ganaron aproximadamente más de 800 mil euros por la administración del yate.
La operación ha sido llevada a cabo por la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE3).
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