Al parecer, Prisa pagó al entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, unos 300 millones de las antiguas pesetas para acabar con el caso Sogecable. Todo esto sale a la luz después de que se haya tomado declaración a Javier Gómez de Liaño, eso sí, como perjudicado.
El documento filtrado recoge la decisión del Ministerio Fiscal de instar a una investigación al coincidir su versión con la del comisario Villarejo.
Cabe recordar que Cebrián recusó a Liaño, y que fue finalmente Garzón quien se hizo con el caso para terminar archivándolo en la sección segunda de la Audiencia Nacional.
Ahí entra en juego José Ricardo de Prada, y es que Garzón se abstiene y acusa a Liaño de estar en connivencia con los demandantes, provocando una condena por prevaricación.
Todo esto viene a raíz de que Liaño procesó a Sogecable, del grupo Prisa, en el año 1997 por apropiación indebida, siendo acusada de quedarse con 138 millones de los clientes de Canal Plus.
Encausó a Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, máximos ejecutivos del Grupo Prisa -presidente y Consejero delegado-, dándose la vuelta a la tortilla en este momento por acusaciones de "falta de imparcialidad". Le llegaron a apartar, condenándole más tarde por prevaricación continuada.
Ya en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España porque Javier Gómez de Liaño "no había sido juzgado y condenado por un tribunal imparcial".
Gómez de Liaño ha aprovechado la aparición de documentos sobre el caso para personarse en el procedimiento como perjudicado, ya que Villarejo participó en esta operación y confesó haber sido contratado para investigar a Liaño.
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