El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, censura que la ministra de Justicia muestre el deseo del Gobierno respecto a un posible recurso de la Comunidad de Madrid en una decisión que depende del TC, a la vez que lamenta que un Gobierno que se decía llamado a “asaltar los cielos” nos lleve a un “infierno energético” con un nuevo racionamiento en el que ve una cortina de humo para que no se hable de la inflación, los malos datos de empleo en julio o de la sentencia de los ERE.
Incide en que el RD no recoge las recomendaciones de la UE, ya que esta no hablaba de prohibiciones, sino de llegar a vías de acuerdo y entendimiento, pero Sánchez una vez más prefiere imponer decretos.
Feijóo propuso medidas, pero no imposiciones
Recuerda que fue Alberto Núñez Feijóo quien propuso al Gobierno establecer medidas de ahorro energético, pero no desde la imposición, y pide que para ello se convoque una Conferencia de Presidentes y se dé voz a los ayuntamientos.
Considera “chocante” la actitud del presidente de la FEMP, Abel Caballero, quien a su juicio ha usado la institución para fijar una posición política, el mismo que se jacta de aumentar en millones los puntos de iluminación navideña en Vigo.
Sobre la desjudicialización de Llop
El portavoz de Justicia en el Senado anuncia la solicitud de comparecencia de Pilar Llop, para que para que explique qué entiende por desjudicialización y si cree que es “no hacer cumplir la Ley; que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencias”.
“Llop se está convirtiendo en una negacionista del principio de legalidad, es decir se niega a exigir el cumplimiento de la ley allí donde no se respeta”, denuncia y critica su “excesiva pasividad” en defensa del estado de Derecho y su dedicación “activa” en hacer oposición al PP.
Concluye que la ministra en vez de estar trabajando para desjudicializar las relaciones con los partidos independentistas y radicales debería estar solucionando los problemas de los ciudadanos y aceptar las propuestas constructivas del PP.
Por otro lado, exige la comparecencia del fiscal general del Estado para que se pronuncie si está de acuerdo en la manifestación de la Comisión Europea de exigir la desvinculación del FGE con el Ejecutivo que lo ha nombrado.
Recuerda que la UE ha advertido a España de que cualquier ataque a la división de poderes podría llevar sanciones que afectarían al reparto de fondos europeos en aplicación del mecanismo de restitución.
Por último, muestra su preocupación por si el Ejecutivo va a hacer efectivo el abandono de la vía judicial como se comprometió el Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña.
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