Hay que recordar que el 15 de diciembre de 2006 se aprobó la puesta en funcionamiento de un teléfono para víctimas de violencia sobre la mujer, dentro de un “catálogo de medidas urgentes contra la violencia de género”. De esta manera, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, atribuyó “el número corto 016 al servicio de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género”.
Este servicio ofrecía las siguientes prestaciones:
- Información actualizada sobre los derechos de las víctimas y los recursos disponibles para su atención.
- Asesoramiento jurídico.
- Atención y derivación de las llamadas de emergencia relacionadas con la violencia de género.
El 20 de abril de 2021 la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información publicó una nueva resolución decretando la modificación de los apartados 1 y 3 de la resolución 2007, ampliándose los recursos de la siguiente manera: “este número podrá utilizarse, además, para la prestación mediante mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de servicios de información y asesoramiento de la misma naturaleza o complementarios al de información telefónica”.
Actualmente la gestión del 016 corresponde al Ministerio de Igualdad a través de la delegación del Gobierno contra la violencia de género que, conforme a los presupuestos generales del estado vigentes, cuenta con presupuesto suficiente para atender 80.000 llamadas en 53 idiomas durante el ejercicio. La última adjudicación publicada al servicio del 29 de enero de 2021 refleja un importe total de 1.510.000 euros.
Estos servicios de atención se dirigen por un lado a las posibles mujeres víctimas de la violencia de género y, desde la firma del nuevo contrato para la prestación del servicio 016, también se dirige a las posibles mujeres “víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, aborto y esterilización forzosos o acoso sexual”.
La resolución 2021 reconocía que la propia norma constituía un avance en el desarrollo del convenio de Estambul, celebrado en 2011 y ratificado por España en 2014. Sin embargo, más allá de las diferencias que el GP VOX tiene con este convenio, llama la atención que, siendo este invocado tan recurrentemente por las normas de reciente tramitación parlamentaria, se ignore el hecho de que su ámbito de aplicación no solo comprende la violencia contra las mujeres en particular, sino también la violencia doméstica en general como reconoce el documento en su preámbulo.
En definitiva, una afanada voluntad de desarrollo del convenio de Estambul, de ser coherente, debería observar la atención a todas las personas que padezcan violencia doméstica sin discriminación alguna.
Por todo ello, el GP VOX pide al Congreso que inste al Gobierno a reconocer el acceso al servicio de atención al servicio de violencia doméstica a todas las personas, independientemente de su sexo.
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