El Gobierno "pide esfuerzos a todos" pero es "el único que no se muestra dispuesto a asumir ningún compromiso"

Después de la reunión de la Conferencia Sectorial para la mejora regulatoria del clima de negocios celebrada en el Ministerio de Economía con la vicepresidenta Calviño, los consejeros populares han insistido en la “falta absoluta de cogobernanza” con las autonomías.

“Las CCAA del PP insistimos en la ausencia absoluta de cogobernanza y la falta de ejecución de los fondos que nos hace que temamos de manera fundada por una posible pérdida de fondos por falta de ejecución”, explican, para añadir que en muchos casos las líneas diseñadas tienen poco que ver con “las necesidades reales de los territorios”.

El Partido Popular critica que esta falta de cogobernanza real haya convertido a las Comunidades Autónomas en “meros gestores administrativos de las decisiones que adopta el Gobierno”, provocando de esta manera una distancia entre los planes diseñados y su aplicación en las Comunidades Autónomas.

“Lo hemos denunciado por activa y por pasiva y no nos han hecho caso. El diseño del Gobierno nos ha convertido en meros ejecutores de planes que no tienen conexión con el territorio”, enfatizan, para destacar que la inejecución de los fondos es responsabilidad del mal diseño del Plan por parte del Gobierno de Sánchez, cuando, además, las Comunidades Autónomas tienen la competencia en muchísimas materias y ahora sufren los “errores de planificación y de ejecución de los fondos”.

Las CCAA del PP se preguntan si el Gobierno repetirá los mismos errores de diseño cuando España opte al nuevo paquete de 70.000 millones de euros de préstamos.

UN GOBIERNO QUE LLEGA TARDE

Por otro lado, los consejeros del PP explican que el nuevo desembolso europeo de 7.000 millones de euros, que la Comisión europea ha aprobado recientemente, se debe a que la situación española es la peor de los países de nuestro entorno, con un crecimiento más débil que provoca que nuestro país sea el único que no ha recuperado los índices pre pandemia de entre nuestros socios y con una inflación y una deuda pública descontrolados.

Con respecto a la coyuntura económica y el nuevo Real Decreto 11/2022 de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, el PP considera que se trata de una auto enmienda del Gobierno al Decreto de junio, llega tarde y de manera incompleta. Los consejeros explican que, si bien es cierto que introduce dos de las medidas que contemplaba el plan económico del PP, se trata de un plan parcial que no ataca de manera global la complicada situación económica que vive España debido a un crecimiento de los precios desbocado que viene desde finales del verano del 2021, un crecimiento muy débil y unas previsiones económicas elaboradas por el Gobierno que son rectificadas por todos los organismos.

“El gobierno siempre llega tarde y en vez de dejarse ayudar se empecina en el error, va poniendo parches que tienen que ampliar cada poco. La situación de las familias y las empresas españolas es cada vez peor y el horizonte es todavía más difícil. A tenor de los resultados, el plan del Gobierno es un absoluto fracaso”, manifiestan, para volver a pedir que se puedan utilizar los remanentes del Real Decreto 14/2020.

El PP explica que en vez de “parches” el Gobierno debería asumir el plan económico del PP que podría aplicarse rápidamente utilizando la sobre recaudación obtenida por la inflación -15.000 millones de euros hasta el mes de mayo, por 9.000 previstos para todo 2022 en los PGE- y no dos medidas sueltas”.

“Necesitamos soluciones. El Gobierno pide esfuerzos a todos los sectores, trabajadores, pensionistas, empresas, pymes o familias, pero él, como Gobierno, que es el más beneficiado a través de la recaudación, es el único que no se muestra dispuesto a asumir ningún compromiso”, subrayan.

Por último, en cuanto al manual de buenas prácticas, el PP insiste en que no es un manual, sino más bien un catálogo que además es la suma de buenas prácticas de las CCAA. “Proponemos que se cree un grupo real de trabajo y que podamos hacer propuestas en la normativa, sobre todo en ámbito del medio ambiente, que tengamos voz y podamos contribuir a la reforma de la normativa básica estatal”, concluyen.