Dicha publicación recopila ataques de violencia política y de odio ideológico sucedidos en la región catalana durante 2020, y los resultados no pueden ser más esclarecedores: “un 88,89% de los incidentes ha sido perpetrado por personas o grupos independentistas, o que un 75% de las víctimas no se consideran secesionistas”.
El informe citado por Buxadé concluye constatando «la consolidación de un modelo de violencia política con estallidos recurrentes en torno a acontecimientos puntuales que cumplen la función de detonantes al servicio del independentismo para desestabilizar el marco social e institucional».
Y es que no son pocos los incidentes con alta carga de violencia y de odio que fomentan, incitan y realizan los secesionistas golpistas en Cataluña. Desde cortes de carreteras y escraches violentos por parte de los CDR, agresiones a miembros de otros partidos políticos, en especial a militantes y cargos electos de VOX, o violencia desatada en actos y campañas electorales, delitos contra el honor, amenazas veladas en redes sociales, señalamientos personales en domicilios y vehículos, hasta incluso el hostigamiento y la persecución de niños pequeños por ser familiares de agentes del orden, o por utilizar el castellano en el recreo.
De esta forma, VOX Europa pone los hechos en conocimiento de la Comisión Europea, solicitando respuesta al respecto del riesgo que estos hechos suponen para las libertades civiles y la democracia, reclamando una condena pública de los “líderes golpistas que instan, animan y jadean la violencia” y solicitando mecanismos de control, escrutinio y vigilancia de las actividades de dichos líderes separatistas para que sus proclamas sean “conforme al Estado de Derecho de España y de la Unión”.
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