Un Poder Judicial independiente

Algunos andan extrañados por el follón que se ha liado desde el discurso del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y las idas y venidas de los partidos políticos, que buscan no ya la regularización de un poder sustancial del Estado de Derecho, sino colocar en el Consejo a sus amigos o militantes para así poder dirigir esta institución sustancial, no les preocupa, como me decía esta mañana un taxista, crear un poder judicial que vigile y regule la actividad del legislativo y del ejecutivo, sino colocar a sus peones con la finalidad de poder controlar la actividad de los otros dos poderes y hacer lo que les viene en gana y que nadie les discuta.

Después de 30 años en la carrera judicial, me parece que el taxista de esta mañana, es un fino observador de la situación y de las consecuencias que buscan los políticos del Gobierno.

Y dirijo mi comentario a la actuación del Gobierno y de los partidos que lo forman, porque lo que pretenden es contrario a las reglas que provienen de la Unión Europea y de su autoridad judicial, que se han pronunciado una y otra vez en favor de un órgano de gobierno de los jueces formado y dirigido por los propios jueces, como santo y seña de su independencia, por su parte la oposición se muestra conforme con el dictamen de Europa y señala la necesidad de que sean los jueces los que elijan a los miembros de su órgano de gobierno.

Decía, según creo, Winston Churchill, que el sistema democrático de gobierno de un país no es perfecto, pero es el menos malo de todos los inventados, y esa característica que le hace ser el preferido, tiene como base sustancial la separación de los poderes que lo forman y su independencia, ya que así podrán controlar los excesos de los demás, obteniendo el equilibrio de poder necesario entre todos para que esto funcione.

La razón de ser de la posición del gobierno, a mas de la necesidad de control ferreo de los demás poderes para evitar que le contradigan; así gobierna por Decreto, con lo que anula la labor señalada al legislativo en la inmensa mayoría de las ocasiones; y así se opone a la exclusividad judicial en la designación de su Consejo General, para poder llevar a cabo los nombramientos de jueces afines, como ha hecho y ya comente en su día en el caso Gurtel, con el resultado del revolcón que le dio el Tribunal Supremo en cuanto a sus afirmaciones partidistas.

Dicha posición sustentada por el gobierno atiende a la necesidad de una presunta legitimación democrática del poder judicial, legitimación que solo se obtiene a través del Parlamento, en el que recae la soberanía popular, ya que los diputados y senadores son los únicos miembros elegidos por el pueblo.

Pero es que tal afirmación es mentira, ya que los diputados y senadores no son elegidos por el pueblo, el pueblo elige las listas o listados que le proponen los partidos políticos, por lo tanto son estos y no otros los que deciden quien es van a conformar el parlamento, los órganos de gobierno de cada partido y no el pueblo soberano, que carece de iniciativa en tal sentido. El sistema de listas cerradas que rige en nuestro país, es un sistema que le viene muy bien a los partidos, ya que son ellos los que deciden quien es el num. 1 y el num. 3, y Vd. o yo, votante convocado, o aceptamos el listado en su totalidad o nuestro voto será nulo. Otro gallo cantaría si nos encontráramos ante un sistema de listas abiertas, pero eso es impensable en unos partidos políticos formados por políticos de carrera en su mayoría, que no saben hacer otra cosa, y que medrando en el partido consiguen, empleo, sueldo, pensión, etc., como lo demuestra el hecho de lo que ha venido en llamarse puertas giratorias, para colocar a los políticos que pierden su puesto.

Con que razón pueden los políticos del gobierno tachar a los jueces de no democráticos, necesitados del amparo del Parlamento, por no haber sido elegidos como jueces directamente por el pueblo, a pesar de haber tenido que realizar unos estudios previos a una oposición o acreditar una trayectoria jurídica relevante, siendo designados finalmente por un Tribunal formado no solo por jueces, sino también por miembros de la Administración del Estado y de otras instituciones.

Es evidente que el ejecutivo, que por cierto en lo legal no da una, solo acierta cuando rectifica o le hacen rectificar, pretende eliminar el peligro de unos jueces contrarios a su manera antidemocrática de proceder, como ha sido establecido con los decretos de alarma recientemente.

La realidad es que el pueblo soberano, no tenemos nada que decir, mas que cada cuatro años, ir a votar a quien nos digan los órganos electorales de los partidos, aun cuando nos repugnen algunos miembros de las listas que presentan, pero ya sabemos lo que decía W. Churchill.

En cuanto al debate sobre el poder judicial es evidente que los jueces que han demostrado su independencia en numerosos casos, su profesionalidad y su valentía ante los obstáculos, son, en este sistema que tenemos, ante las listas cerradas y el poder de los partidos para elegir a quien quieran, son los jueces frente a ello, los mas indicados para indicar quienes sean sus representantes en el CGPJ, y no ser usados de excusa para que los políticos hagan lo que quieran y cuando quieran como hemos visto. El poder judicial es un freno efectivo ante la arbitrariedad, que no es mas que una forma de injusticia que no debe propagarse.