La pandemia dispara los contratos temporales: 1.033.700 personas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), advierte de que durante 2020 se ha disparado la contratación temporal en las administraciones públicas, alcanzando la mayor cifra de la serie histórica, como consecuencia de los refuerzos para afrontar la epidemia del covid-19, fundamentalmente en la Sanidad y la Educación.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre del año se registraron 1.033.700 personas asalariadas con contrato temporal en las administraciones públicas, 140.900 más respecto al mismo período año pasado. Así, la tasa de temporalidad se sitúa en el 30,4 por ciento, frente al 19,9 por ciento general (10,5 puntos más).

Además, se da la circunstancia de que el 68 por ciento de estos contratos temporales corresponden a mujeres, frente al 32 por ciento de los varones, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al covid.

CSIF señala que las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario. De hecho, en el último año se produjo un record histórico con 149.400 incorporaciones, por lo que la inmensa mayoría responde a los citados contratos temporales.

CSIF se ha dirigido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, reclamándole el inicio urgente de una negociación que permita afrontar de una vez por todas el grave problema de la contratación temporal en nuestras administraciones públicas, en muchas ocasiones en fraude de ley, lo que está provocando situaciones personales muy difíciles.

Para la Central sindical no puede ser que:

“Ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica”.

Para ello, CSIF reclama al Gobierno una propuesta legislativa que aporte seguridad jurídica y sancione la contratación fraudulenta; eliminar la tasa de reposición y un incremento urgente de las plantillas con empleo estable: se necesitan 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años y 289.235 plazas específicas para la Sanidad.