¿Tiró la Malamérita a matar en la playa del Tarajal?

6 de febrero de 2014, nuestra patria común. En la ciudad de Ceuta, en la playa del Tarajal, quince personas perdieron la vida. Se ahogaron intentando llegar a la orilla. Pero no se ahogaron por su falta de pericia natatoria...

¿Debe prevalecer siempre la impunidad?

Las quince víctimas formaban parte de un grupo de entre 200 y 300 personas que intentaban alcanzar nadando las costas españolas, cuando en principio, súbitamente, un operativo de 56 agentes de la Malamérita descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos.

Los que dispararon y los que dieron la orden de hacerlo, impunidad total. Sin consecuencias legales derivadas por haber participado en la muerte de quince personas. Están férreamente protegidos por todos los pináculos del poder, tal y como lo estuvieron los integrantes de la brigada paracaidista británica que asesinaron a catorce irlandeses durante el Domingo Sangriento.

No hubo ni juicio

En octubre de 2019, la juez María de la Luz Lozano Gago, dirigiendo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 ceutí y aceptando el recurso de la fiscalía, archivó la causa contra los 16 pikolos procesados por el horror del Tarajal. El pretexto (anti)jurídico: patético, rocambolesco, estupefaciente: la togada explicó que archivaba el asunto aplicando la denominada doctrina Botín, según la cual cuando no acusa la fiscalía hay delitos que no se pueden perseguir solo con la acusación popular. En el caso que nos ocupa, las ONGs en defensa de los inmigrantes.

Contra el archivo provisional de la causa, dictado por la citada magistrada instructora, recurrieron varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). ¿Y qué sucedió en la Audiencia gaditana a finales de julio del pasado año 2020? Pues lo esperado. Nada de juicio. Otro archivo. Sobreseimiento libre, exactitud. La impunidad perfeccionada.

Los siniestros ropones Fernando Tesón Martín (presidente y ponente), Rosa de Castro Martín y Emilio Martín Salinas. Y la coartada jurídica, de chiste, señalando que no se aprecia "relación de causalidad" entre la actuación de los agentes y "los fallecimientos por ahogamiento y lesiones que se les pretende imputar", y que más allá de algún "matiz de anormalidad"(sic), no existe "indicio alguno de desviación o extralimitación" en su comportamiento. Pues eso, salvo algún "matiz de anormalidad", se ahogaron. Y tú quieres, ropón, que me lo crea. La descojonación.

Y justicia, también, para sus familias

Si La Malamérita tiró a matar, parece que no se desea saber. Y perdida, de momento, la batalla judicial, resta recordar y exigir justicia para Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise. Y otro inmigrante cuya identidad todavía se ignora.

Y justicia para sus familiares. Anhelan que se haga algo de luz, que se sepa dónde se hallan enterrados sus familiares para poder honrarles debidamente. En ese sentido, los cadáveres que aparecieron en la parte marroquí, al menos fueron identificados y recibieron sepultura con su nombre en el cementerio de Rincón (Tetuán). En España, los cuerpos han sido enterrados sin identificar y las autoridades nacionales parecen no mostrar el menor interés en corregir tal ignominia.

Asesinados y humillados tras su asesinato. Ultraje añadido a la infamia. Hasta hoy.

En fin.