Al Supremo: Vox quiere tumbar el 'Ministerio de la Verdad' del Gobierno de Sánchez-Iglesias

En este sentido, Vox ha reclamado la suspensión cautelar de la orden gubernamental al entender que en una situación de emergencia sanitaria, con un estado de alarma declarado como el vigente, que conlleva "ilegales restricciones a derechos fundamentales y una exorbitante prórroga de 6 meses", puede facilitar "abusos y actuaciones improcedentes del Gobierno sin que los ciudadanos puedan acceder a una información libre, independiente, plural y contrastada que les permita conocerlas".

Vox entiende que la suspensión de la orden no provocaría perjuicio alguno, pues se cuenta con herramientas suficientes que permiten verificar información de internet como son las ya previstas legalmente: desde el derecho de rectificación a acciones civiles o penales por injurias o calumnias, sin perjuicio de mejorar y ampliar la protección legal dentro del respeto al marco constitucional y al europeo, que no es precisamente el que dice el Gobierno.

Por ello, la formación liderada por Santiago Abascal sostiene que no de accederse a la medida cautelar el proceso perderá su finalidad legítima, ya que se produciría un "daño irreparable" si se llevan a cabo las políticas y estrategias de ‘lucha contra la desinformación’ a través de los organismos previstos en la orden impugnada.

Asimismo, Vox recuerda que desde la sentencia del TC 12/1982, se señala que el artículo 20.1 de la Constitución “significa el reconocimiento y garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático”.

En este sentido, la sentencia de 1982 concluye que “el artículo 20 de la Constitución, tomado en su conjunto y en sus distintos apartados, constituye una garantía de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas huecas las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de libertad democrática que enuncia el artículo 1, apartado 2, de la Constitución y que es la base de nuestra organización jurídico-política”.