Este viernes han comparecido en el Palacio Euskalduna de Bilbao, junto con la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, representantes de las 14 organizaciones con el fin de sacar a la luz el manifiesto cuya lectura ha corrido a cargo de Irune Berasaluze (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Raúl Arza (UGT) y Ana Pérez (Steilas).
Sin embargo, Sánchez no será el único remitente del escrito, que también le llegará al lehendakari, Iñigo Urkullu, a la presidenta de Navarra, María Chivite, y al presidente de la Mancomunidad del País Vasco francés, Jean Rene Etchegay, así como al colectivo Friendship y a direcciones de los centros penitenciarios. También la recibirá el Parlamento vasco y los ayuntamientos de Euskadi.
Los partidos políticos así como los sindicatos han planteado "la urgencia de terminar con el alejamiento y la necesidad de terminar con la aún vigente excepcionalidad" en la política penitenciaria, "atendiendo a la realidad abierta desde 2011" (año en que ETA anunció su alto al fuego), y anuncia "todo el apoyo de la sociedad vasca" al Gobierno de coalición "si se decide a dar los necesarios pasos para la aplicación exclusiva de una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada a las personas presas vascas, superando definitivamente la situación actual, todavía anclada en una legislación que responde a lógicas de un pasado en fase de superación".
Con esto, consideran, se "permitirá, recordando a todas las víctimas, contribuir de una manera fundada en un nuevo tiempo de presente y futuro centrado en la convivencia democrática".
Y es que Etxerat ha defendido que la declaración se sustenta en "la constatación de que la sociedad vasca ha hecho una apuesta decidida por la paz y la convivencia, y por la superación de una política penitenciaria que no corresponde a la lógica actual".
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