Independencia para salvar al Clan Pujol y sus adláteres

La independencia de Cataluña, es decir la “desconexión” de la Justicia española, de la policía y de las instituciones del Estado, encubre el deseo oculto de los dirigentes catalanes que han gobernado durante 30 años de que quede impune la corrupción y el saqueo sistemático de las arcas públicas. El deshonroso Clan Pujoly sus adláteres serían los principales beneficiariosdel golpe de Estado que se encuentra en su última fase.

Gobiernos, grandes empresas y entidades financieras de todo el mundo contemplan con cautela y precaución este hecho insólito e imposible en cualquier otra democracia.

Nos enfrentamos a un golpe de Estado que se viene perpetrando lenta, pero inexorablemente. No ha habido en toda la Transición algo que se asemeje al escenario que hoy se vive en Cataluña y en España.

Los españoles se apretujan ante el televisor como en los grandes acontecimientos y esperan con ansiedad que los responsables políticos acaben con este desafío que agota las energías y el pulso de la nación a la espera de lo peor.

Se cumplen los elementos de un “golpe de Estado” en su última fase: los sediciosos han dado el paso crucial para acabar con la integridad territorial del Estado y con la igualdad de sus ciudadanos, privándoles del derecho constitucional de decidir sobre su propio territorio.

Todo ello en clara rebeldía, frente a la legalidad vigente y a las resoluciones de los tribunales. Es decir, se ataca a la propia esencia de la democracia y la libertad.

La desidia institucional ha cimentado la creencia de que el desafío, aunque continuado, no llegaría al final. No se había dado la importancia que tiene al hecho de que quien declara que va a cometer un fraude de ley, lo hace con mucho cuidado. Y los paladines de la ruptura, desde la Diada de 2012, han seguido un elaborado plan de desafíos, provocaciones y amenazas.

Ahora se trata de la segunda declaración unilateral. En aquella primera ocasión el Gobierno no invocó al artículo 544 del Código Penal, que se aplica a quienes se opongan por la fuerza o fuera de las vías legales a la aplicación de las leyes.

En esta ocasión, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es consciente que se encuentra ante un delito de sedición -de libro- sujeto a un procedimiento penal, del que pueden ser reos, en primer término, los firmantes de la declaración.

Entonces el Fiscal no recibió instrucciones, pero ahora no se albergan dudas de que ese trámite está listo. Hay que anotar que quien madrugó para interponer la primera querella fue UPyD.

El choque es inminente. Es cuestión de días. Ante el desafío-sedición y golpe de Estado se invoca activar el artículo 155 de la Constitución y suspender la Autonomía catalana.

Una y otra vez los independentistas han incumplido la Ley y la demanda para que se aplique sin complejos se ha convertido en una exigencia compartida por la inmensa mayoría, empezando por ese cincuenta por ciento de catalanes que no quieren la desconexión y cuyo hastío no deja margen para las condescendencias.

La unidad del Estado no es una imposición caprichosa, es una exigencia de la Historia y una garantía de igualdad en los mismos derechos. De ahí que esta sea la hora de los ciudadanos, lo que implica un ejercicio de pedagogía constante para que se aclaren bien las cuestiones.

Lo grave no es pedir la independencia, aspiración legítima de quienes así lo desean, sino desafiar abiertamente la Ley.

Y es en este punto donde la sociedad civil catalana no va a permitir que la independencia se utilice como “pantalla” para distraernos de que los gobernantes catalanes han saqueado durante 30 años, y de forma sistemática, las arcas públicas.

Por eso la “desconexión” de la Justicia española, de la policía y de las Instituciones del Estado, tiene como principal objetivo que quede impune la corrupción y la apropiación del dinero de todos.

Ahora ya conocemos el entramado del saqueo con las sociedades tapadera, las cuentas corrientes, los paraísos fiscales y el papel predominante de la muy deshonrosa familia Pujol y sus muchos adláteres en la Generalitat.

Mariano Rajoy forzado por la situación de “facto” y desbordado por la opinión pública, se ha visto obligado a reunirse con los líderes de partidos defensores de la unidad de España. PSOE y Ciudadanos, con desigual entusiasmo, han aceptado en principio apoyar las acciones que garanticen el orden constitucional y hagan fracasar la sedición en Cataluña.

Albert Rivera, un paso más allá, propone un gran Pacto de Estado para la defensa de la Nación. Y el líder de Podemos ha marcado un territorio propio lleno de incongruencias y sobrado de orgullo para alejarse del bloque constitucional, lo que le deja señalado para muchos de sus votantes.

La izquierda, lamentablemente, huye de un compromiso con España y vuelve a sus viejas ensoñaciones radicales, aliada de los nacionalismos más rancios y sectarios.

Todos coinciden en la grave situación planteada en Cataluña y para millones de españoles agobiados por el alcance de la sedición, los partidos políticos deberían posicionarse más allá de actitudes partidistas o sectarias.

Parece de sentido común la unidad de los que aspiran gobernar una España integra en su territorio y estable en sus instituciones. Solo así se protegerá la democracia y la libertad, bienes comunes de todos los españoles.