El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, únicamente presidió una reunión para abordar la cuestión del coronavirus en las residencias de ancianos, como decíamos, uno de los lugares más perjudicados por el Covid-19.
Dicho encuentro tuvo lugar el 20 de marzo y trató, en conjunto con las autonomías, la conveniencia de la distribución de los EPI (Equipo de Protección Individual) por parte del Ejército. Todo esto se debe a que su ministerio coordinó los fondos librados para este tipo de centros.
Así lo reconoce el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que admite que el vicepresidente únicamente presidió una reunión en relación a las residencias desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma la segunda semana de marzo.
Los fondos extraordinarios destinados a contratar más personal así como a comprar equipos de protección dependen del departamento que dirige Pablo Iglesias, que al principio de la pandemia se arrogó la defensa de este tipo de centros en rueda de prensa.
«Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores» afirmó el propio Iglesias el pasado 19 de marzo.
Hasta una veintena de centros a cargo de Derechos Sociales y Agenda 2030
Además, a través del Imserso, Derechos Sociales y Agenda 2030 gestiona hasta veinte centros en distintos lugares de España dedicados a atender a personas que tienen algún tipo de discapacidad física o neurológica y que se encuentran en una situación de dependencia. Es decir, la gestión del ministerio de Iglesias no está tan limitada como el Ejecutivo se ha dedicado a afirmar en los últimos meses y, con especial virulencia, durante la faceta más dura de la pandemia.
En dicha reunión, celebrada por videoconferencia, participaron representantes de cinco ministerios y cargos de todas las regiones a excepción de Murcia, que tuvo problemas de orden técnico.
La información procede de una publicación, realizada por el diario El Independiente, donde se detalla que el acta de dicha reunión fue facilitada por la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras una petición de información que se hizo a través del Portal de Transparencia.