El deber de informar

Como nos temíamos y así lo anunciamos en una nota anterior, los políticos gobernantes habían decidido culminar un proceso iniciado hace años por el que, sin el más mínimo reparo, acaben con el sistema político español, dando por liquidada la Transición y por ende el estado de derecho, para convertirnos en una republica bolivariana donde el “exprópiese” de Chaves, el ordeno y mando en beneficio propio sea su razón de actuar.

Hace ya meses que venimos denunciando esta actividad de los políticos, que se ha visto refrendada últimamente en dos resoluciones judiciales, esos papeles que tanto les molestan, en donde el Tribunal Supremo ha suprimido de un plumazo, las palabras que contenía la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gurtel o Barcenas o como lo quieran llamar, y como consecuencia de ello, han aparecido voces en los medios aludiendo a una falta de parcialidad por parte de uno de los Magistrados que dicto la sentencia de la Audiencia, párrafo que sirvió de ariete en la moción de censura que mando al Presidente Rajoy a su Registro de la Propiedad.

Esta discrepancia entre Audiencia y Supremo, no hubiera tenido relevancia, sino llega a ser, porque en el colmo de la hipocresía, el Magistrado al que se le imputa cuando menos la coautoría tal párrafo, ha solicitado del Consejo General del Poder Judicial que se le amparara, que se le defendiera frente a los ataques que le acusan de politización de la sentencia, que De Prada Solaesa junto con Julio de Diego dictara, ya que el también Magistrado Ángel Hurtado hizo voto particular discrepando de ello, por lo que no puede imputársele nada.

Es evidente que el Magistrado Ponente era mi ex compañero Julio de Diego, pero a nadie se le escapa que De Prada fue el mentor de tales afirmaciones.

Se pide protección por parte de este al CGPJ, ¿para qué?, pues sin duda, es mi opinión que para tapar lo sucedido anteriormente en ese Tribunal.

Conozco lo sucedido, no porque nadie me lo contara, ni lo hubiera leído en ningún sitio, sino porque fui parte en lo que aconteció como Magistrado de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, redactando votos particulares frente a lo que siempre consideré y considero un atropello del Derecho, actuaciones que al ser todas ellas publicas al haber concluido el proceso, y por tanto y además por ser el progenitor de alguna de las actuaciones, tengo derecho a hablar de ello.

Comenzando con las palabras de Platón que “hay que tener el valor de decir la verdad sobre todo cuando se habla de verdad”, y pudiendo acabar con las de Víctor Hugo “la libertad comienza donde la ignorancia acaba”, he de hacer referencia a unos hechos anteriores al juicio que tienen según mi criterio una grandísima trascendencia. Otros pensaran que no, cada uno es libre de pensar lo que quera, pero de lo que si estoy cierto, es que de ninguno tiene el conocimiento directo como el que he tenido yo.

Existe en nuestra Constitución, en su artº 24, el derecho fundamental de ser juzgado por el juez ordinario predeterminado por la Ley. No es cabe, ni es legítimo elegir un Tribunal o un Juez a capricho de cualquiera de las partes. La Audiencia Nacional cada año, publica el listado de los Magistrados que compondrán los Tribunales para cada caso, según el número de turno que le corresponda.

Pues bien, este proceso (Gúrtel, Bárcenas o como quieran llamarlo) tenia como cualquier otro establecido de antemano el Tribunal que iba a realizar su enjuiciamiento, que esta constituido por Doña Concha Espejel; Don Ángel Hurtado y Don Enrique López.

Determinados miembros de una corriente politizadora de la Justicia, dándose cuenta de que ellos quedaban fuera del enjuiciamiento, comenzaron a maniobrar jurídicamente y con el apoyo de una serie de asociaciones personadas como acusación popular dirigidas entre otros por el Letrado Gonzalo Boye, acudieron al sistema de la recusación de los Magistrados correspondientes.

Sistema el de la recusación perfectamente legal, y que tiene su razón en cuidar por la pureza del proceso apartándolo de cualquier deriva política o personal de los jueces.

Se sustanciaron dichas recusaciones, en las que son ponentes por turno de reparto igualmente establecido, los Magistrados D. Javier Martínez Lázaro desgraciadamente fallecido para el caso del Magistrado Enrique López y D. Ramon Sáez Valcárcel, para el caso de Doña Concha Espejel.

Se articulan como causas de recusación diversos aspectos del quehacer de estos Magistrados que pudieran dar a entender una posible parcialidad a favor de una parte del proceso.

Es estimada la recusación de Don Enrique López y llega al Tribunal Don Julio de Diego, pero ello no es suficiente para los promoventes, ya que la presencia de Doña Concepción Espejel y Don Angel Hurtado no era de su agrado, siendo su pretensión que Doña Concha fuera recusada ya que el siguiente Magistrado que por orden la sustituiría sería el ya citado De Prada Solaesa.
Se tramitan los expedientes, siendo finalmente estimadas ambas recusaciones, y en concreto en el caso de la Sra. Espejel por haber sido elegida en su día, hacía tiempo como miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP que era parte en el proceso. Sin tener en cuenta dos circunstancias, la primera de orden jurídico, la elección de los miembros del CGPJ se realiza por mayoría de 3/5 lo que impone un acuerdo PP, PSOE, ya que ninguno de los dos por separado llega a ese porcentaje, por lo que ambos intervienen en su elección.

Y la segunda de carácter, a mi modo más importante por la falta de todo lo que Vd. se imagine, por parte de ese grupo de magistrados politizados.

El Ponente de este expediente, resulta ser el Magistrado Ramon Sáez Valcárcel, quien fue en su día, elegido como miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida, que también era parte en el proceso. Se daba por tanto la misma causa en ponente y recusado, y aun a pesar de ser puesta de manifiesto tan grave anomalía, el trámite siguió y se llegó a la recusación de Doña Concepción Espejel por los mismos hechos que recaían en el Ponente.

Lejos de reconocer una realidad evidente, y una anomalía legal también evidente, las artes del entonces presidente Don Fernando Grande, llevaron a intentar un juicio de Dios, a la usanza de la Inquisición contra mi persona, al que no di lugar por el sistema del portazo y ahí os quedáis.

Bueno, en este momento, pueden preguntarse Vds. y el Sr. De Prada Solaesa que pinta en ello. La realidad es que el támdem Sáez - de Prada no es nuevo, y ha intervenido en numerosas ocasiones en detrimento de la Audiencia Nacional y sus componentes. Basta como muestra la intervención de ambos, que ofrecieron dentro de unas jornadas sobre los "Límites del Estado de Derecho frente a la violencia" organizadas en San Sebastián por la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, l la que se recoge nota periodística en 4.06.07 bajo el título. El juez De Prada afirma que Justicia ha obstaculizado la solución al problema del terrorismo.

En ese momento De Prada no estaba en la Audiencia Nacional, sino que ocupaba plaza como juez internacional para la Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina, José Ricardo de Prada Solaesa, opinó, dice la nota de prensa, el pasado viernes que desde la Justicia "ha habido muchos obstáculos" para que "se puedan llevar a cabo soluciones" al problema del terrorismo en España. Citó como ejemplo el hecho de que los policías sean considerados "testigos permanentemente protegidos, aún a pesar de que no hay nada en la Ley de Protección de Testigos que pueda justificar esta situación".

También consideró "preocupante" la, a su juicio, "importante dejación que ha hecho la Audiencia Nacional" en las garantías frente a la "tortura". "No digo que se coadyuve ni mucho menos desde la Audiencia Nacional a ello, pero sí que podría haber hecho mucho más por el control por la erradicación de la tortura” "Me refiero -agregó- a que el juez proteja al acusado frente a posibles situaciones, ante una ley excepcional que permite detenciones incomunicadas y de una duración extraordinaria", aclaró el magistrado, quien dijo echar de menos "el más mínimo control judicial sobre esos aspectos". Aludiendo también sin citarlo directamente al juicio del 11-M, una vista en la que, según comentó, le sorprende ver "actitudes absolutamente terribles, chulescas y denigratorias por parte del presidente de un tribunal hacia los acusados".

En su charla, De Prada Solasea aludió al preso de ETA José Ignacio de Juana, que mantuvo una huelga de hambre y fue ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián, un recluso que, según indicó, fue "condenado por terrorista" y al que, "tras cumplir su pena", se le volvió a condenar "por hechos que no tienen relación con el terrorismo, tratándole como terrorista".

Por su parte, en el mismo acto intervino el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Saéz Valcárcel, quien advirtió de que el proceso de globalización mundial está generando problemas, como el terrorismo internacional, que no se pueden gestionar desde los gobiernos, sin que discrepara o discutiera en lo más mínimo la intervención de De Prada.

Como se precia existe una relación entre ambos más allá de la mera participación en un mismo órgano judicial, ya que de Prada no ocupaba puesto en ese momento a la Audiencia Nacional.

La politización pretendida que ahora denuncia y de la que es autor principal, tantas veces denunciada por mi parte es evidente, y creo que es mi deber comunicársela al que quiera leerla, ya que como dicen los expertos en comunicación, “lo que no se comunica no existe”.

Creo que, al ser conocedor directo de lo que antecede es mi deber indicárselo a Vds. para que saque las conclusiones que considere más oportunas, en contra o a favor, todas las respetaré como puede ser de otro modo y como espero respeten las mías.