Desde el 7 de agosto de 2018 hasta la fecha el Gobierno ha acercado, -según los comunicados de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias-, a un total de cincuenta y dos presos de la organización terrorista ETA, de los cuales cuarenta y tres han sido a cárceles próximas al País Vasco y Navarra, seis a prisiones del País Vasco y tres a prisiones de Navarra.
Además, ha llevado a cabo la progresión en grado a un total de veintitrés presos de la organización terrorista ETA, de los cuales doce han progresado a tercer grado o régimen de semilibertad, y once han progresado a segundo grado.
Tal y como señalan desde la formación, los compromisos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, había adquirido con las víctimas del terrorismo en relación a los acercamientos, progresiones en grado y flexibilizaciones en la ejecución del cumplimiento de la pena, eran que, para acceder a los mismos, "se exigiría el arrepentimiento y petición de perdón expreso a las víctimas del terrorismo".
Sin embargo, tales compromisos "han sido sistemáticamente incumplidos": de los cincuenta y dos presos trasladados o progresados en grado, siete de ellos han sido condenados por delitos de sangre.
Por otra parte, para acceder al tercer grado, se exige una colaboración activa para impedir la producción de otros atentados, así como para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas. En definitiva, colaborar activamente con la justicia para intentar esclarecer los más de 370 asesinatos perpetrados por la organización terrorista ETA que, a día de hoy, siguen sin esclarecerse. "Requisitos que tampoco se han cumplido", recuerdan desde Vox, "por no hablar de la exigencia de una declaración expresa de abandono de la violencia, la desvinculación con la organización terrorista y sus fines, así como una petición expresa de perdón a las víctimas del terrorismo".
Por todo ello, la formación ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno en relación a cada uno de los acercamientos que se han producido desde hace dos años para conocer cuáles han sido los criterios seguidos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para acordar los traslados así como los criterios para acordar la aplicación de la flexibilización en la ejecución de la pena del artículo 100.2 RP.
En esta línea, Vox también quiere conocer de qué manera se ha acreditado la petición de perdón expresa a las víctimas del terrorismo y "si consta en el expediente administrativo de traslado y flexibilización de grado así como si el etarra en cuestión ha colaborado activamente con la justicia, rechazado la violencia o si se ha desvinculado de la organización terrorista ETA".
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