El delito de fraude fiscal se podría mantener para aquellas cantidades que siguieran sin ser declaradas a Hacienda a partir de 2014 y siempre que la cantidad defraudada fuera superior a los 120.000 euros. Este delito podría enervarse en caso de que el anterior jefe del Estado procediera a realizar una regularización fiscal. El delito de blanqueo de capitales se podría acreditar en caso de que se siguiera produciendo a partir de la fecha de su abdicación.
Estos extremos y la documentación enviada por la Fiscalía suiza es lo que ocupa al equipo de cinco fiscales capitaneados por el fiscal de Sala delegado para delitos económicos y financieros, Juan Ignacio Campo, que tendrá que decidir si hay indicios suficientes para proceder contra el Rey emérito.
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas diligencias prejudiciales sobre las actividades económicas de Juan Carlos I, es decir, por el momento esta investigación no está judicializada ni hay ningún proceso formalmente en marcha de manera personalizada contra él.
La decisión del Rey emérito de marcharse de España tiene mucho que ver con los frentes judiciales que se mantienen abiertos en torno a la figura de don Juan Carlos, a pesar de que en el comunicado difundido por la Casa Real no se haga constar explícitamente.
Sin embargo, son varios los frentes judiciales en los que el monarca se podría ver involucrado y en los que su nombre no deja de sonar. La procedencia y tributación de su fortuna está en tela de juicio en la Fiscalía suiza, en el Tribunal Supremo, en el que es aforado, y en la Audiencia Nacional.
CORINNA Y VILLAREJO
La causa que investiga en este último tribunal el juez Manuel García Castellón es la más avanzada tras su reapertura. Iniciada en 2018 sobre la base de unas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo con la examante del rey emérito, Corinna Larsen, fue archivada por falta de indicios de delito y recientemente reabierta por la aparición de nuevas evidencias.
Planea sobre el rey Juan Carlos la sombra del cobro de supuestas comisiones por la adjudicación a empresas españolas de la construcción de llamado 'Ave a La Meca' en Arabia Saudí en 2011. Este asunto está ahora en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que asumió una investigación contra el Rey emérito al tratarse de un aforado que sólo puede ser juzgado en la Sala Segunda del Alto Tribunal.
Los primeros datos de posibles irregularidades partieron de la Fiscalía Suiza que investigaba una donación de la casa real saudí al rey Juan Carlos de 100 millones de dólares que fueron depositados en el banco suizo Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum, radicada en Panamá, y de la que el único beneficiario era el Rey emérito, y la posterior donación del monarca de 65 millones de euros a su amiga Larsen. Supuestamente, ninguna de esas cantidades fue declarada a la Hacienda española.
Cualquier proceso judicial contra Juan Carlos deberá pasa el filtro de la inmunidad que establece la Constitución para el jefe del Estado. Los letrados del Congreso ya se han pronunciado en contra de la posibilidad de investigar al Rey emérito. Creen que esa protección no tiene fecha de caducidad y que le protege incluso después de su abdicación, en junio de 2014. Es el artículo 56.3 de la Constitución el que indica que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Esta protección es objeto de controversia jurídica. Son muchos los que consideran que la inviolabilidad del jefe del Estado acaba con su abdicación y, de hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo centra sus pesquisas en averiguar si hubo delito fiscal y blanqueo de capitales a partir de ese momento. La Fiscalía General del Estado anunció hace pocas semanas su decisión de reforzar el equipo de fiscales que se encargan de la investigación. Ahora son cinco los que trabajan en esclarecer los hechos, antes de decidir si proponen la apertura de diligencias judiciales.
En Suiza, el primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, comenzó a indagar sobre las donaciones del Rey emérito español en 2018 para averiguar si en realidad se trata de una operación de blanqueo de capitales en la que Corinna Larsen actuaría como testaferro. La amiga de Juan Carlos I ya ha tenido que declarar por estos hechos y el próximo 8 de septiembre está citada por el juez García Castellón en relación a la pieza 'Carol', desgajada del 'caso Tándem' en el que el principal investigado es el excomisario Villarejo. También el policía retirado está citado a declarar ese día.
En su auto de imputación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional imputó también al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.
Fuentes fiscales consultadas por Servimedia aseguran que la marcha del Rey emérito fuera de España no facilitará una posible citación para declarar por parte de la Fiscalía suiza ya que don Juan Carlos no tiene la nacionalidad suiza ni las irregularidades que se investigan se cometieron contra la Hacienda pública del país helvético y así se lo ha manifestado la Fiscalía española.
Precisamente ayer lunes, tras conocerse el comunicado difundido por la Casa Real en la que se anunciaba la marcha, su abogado, Javier Sánchez-Junco emitió una nota de prensa en la que aseguraba que don Juan Carlos estará a disposición de la justicia española y de la Fiscalía “para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".
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