Según indicó el sindicato en un comunicado, esta situación es consecuencia de la “inacción de la Agencia Tributaria”, sobre la que critica que se haya limitado “a realizar meros informes de investigación, algo que los técnicos de Hacienda pidieron hace siete años”.
Para Gestha, este caso “cobra relevancia ahora que el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Manuel de la Mata, ha calificado provisionalmente los presuntos delitos investigados cometidos por una "organización criminal", al considerar que el ex president, su mujer y sus hijos delinquieron durante décadas para enriquecerse”.
En total, los técnicos estiman que las cuotas defraudadas vinculadas a delitos fiscales contra la Hacienda pública cometidos por los tres encausados a este efecto ascenderían hasta los 9,7 millones de euros y advierten de que “nada hubiera quedado impune si la Agencia Tributaria hubiese notificado las inspecciones cuando detectó los primeros indicios relevantes del fraude”.
Así, Gestha denuncia la “dejadez” de la Agencia Tributaria y que no iniciara las inspecciones sobre Jordi Pujol Ferrusola “mientras efectuaba, entre 2004 y 2012, 118 movimientos de divisas por importe de 32,4 millones de euros, la pasividad de Hacienda ante los indicios de presunto fraude fiscal orquestados por otros miembros de la familia Pujol y frente a la participación de Oleguer Pujol Ferrusola en la compra de más de 1.100 oficinas de Banco Santander por 2.040 millones de euros a través de Samos Servicios y Gestiones S. L en noviembre del 2007, entre otros serios indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales”.
Asimismo, Gestha recuerda que en julio de 2014 reprochó al Ministerio de Hacienda “la descoordinación con el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que autorizó al Banco de Madrid desbloquear las transferencias de dos millones de euros procedentes de sus cuentas en la Banca Privada de Andorra, justo antes de que el juez de la Audiencia Nacional recibiera los extractos de dichas cuentas opacas”.
Por todo ello, Gestha denuncia que “la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla dentro de la Agencia Tributaria impiden evitar que importantes delitos fiscales prescriban”. “Con la actual estructura y competencias de Hacienda difícilmente se pueden llevar a cabo los planes para combatir el fraude con garantías, lo que requeriría una organización más plana y un mayor reparto de responsabilidades y capacidad de decisión para incrementar la eficacia de la Agencia Tributaria e impedir injerencias políticas y económicas en las actuaciones”, añadió al respecto.
Los técnicos consideran “muy importante” igualar la prescripción administrativa con la penal, a cinco años para denunciar los delitos contra la Hacienda pública y a diez años en el caso de delitos fiscales agravados, “para facilitar el descubrimiento de los fraudes más importantes y sofisticados”.
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