La Comisión Internacional de Izquierda Unida hace público el siguiente comunicado para expresar y argumentar su rechazo a la burda imputación del ex presidente de Bolivia Evo Morales, acusado de un supuesto delito de terrorismo por parte de la Fiscalía de La Paz.
1.- Izquierda Unida rechaza de forma absoluta la acusación contra Evo Morales construida por la Fiscalía boliviana. Estamos ante un nuevo caso de ‘lawfare’ (guerra jurídica) en América Latina, es decir, otro escandaloso montaje judicial, sustentado sin pruebas. Desde la llegada al poder de manera fraudulenta del Gobierno de Jeanine Àñez, la Fiscalía ha demostrado su falta de independencia y su total servilismo hacia los intereses de éste.
La acusación construida contra Evo Morales se conoce, curiosamente, poco después de que el Gobierno de facto de Áñez convocara elecciones presidenciales para el próximo 6 de septiembre, tras una enorme presión popular. De esta forma, se trata de conseguir el fin buscado, que no es otro que impedir que Morales pueda hacer campaña electoral en Bolivia en favor del candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el ex ministro de Economía Luis Arce Catacora.
La acción de la Fiscalía se ejecuta de manera ilegal y anticonstitucional, pues el acusado ni siquiera ha recibido notificación previa, tal y como exige la ley boliviana, ni tampoco ha sido citado a testificar, violando de esta forma el respeto al debido proceso.
Además, la única supuesta prueba dada a conocer es un audio manipulado. Éste fue enviado para su estudio a técnicos expertos en Argentina, que concluyeron que no era la voz de Evo Morales. El audio mismo audio fue remitido posteriormente a expertos de Colombia, quienes certificaron la imposibilidad de adjudicar la voz al ex presidente boliviano.
2.- Esta acusación se produce en el marco de una persecución política contra el partido MAS, Evo Morales y Luis Arce por parte del Gobierno ultraderechista de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó ‘presidenta interina’ en noviembre pasado tras un golpe de Estado. Esta persecución incluye a otros movimientos populares, sociales e indígenas, contrarios a este Ejecutivo, cuyos dirigentes son encarcelados o han tenido que exiliarse.
En el caso de Morales, ya fueron violados sus derechos políticos cuando su secretaria personal, Patricia Hermoso, fue encarcelada -IU exigió entonces su inmediata puesta en libertad- cuando intentó presentar la candidatura de éste a senador ante la administración electoral. A Luis Arce se le han abierto ya dos indagatorias judiciales y, a la vista de lo ocurrido hasta ahora, podría también ser imputado próximamente.
3.- IU llama la atención también sobre el hecho de que las últimas acciones contra Evo Morales tienen lugar cuando todas las encuestas en Bolivia señalan al MAS y a su candidato Luis Arce como claro vencedor por mayoría absoluta en los próximos comicios presidenciales.
4.- IU pone sobre aviso a la Unión Europea (UE) y al conjunto de la comunidad internacional sobre el aumento de la represión contra la población boliviana, así como una involución antidemocrática en el país. Jeanine Áñez ha llegado a plantear públicamente la necesidad de ilegalizar al MAS, lo cual convertiría las elecciones presidenciales directamente en una farsa y en un gigantesco fraude.
Exigimos que el gobierno de facto cese su represión política y respete los Derechos Humanos, así como derechos constitucionales básicos como el de libertad de expresión, opinión, manifestación y organización política.
5.- Denunciamos que las últimas actuaciones contra Evo Morales por parte de Áñez y una Fiscalía claramente a su servicio, asestan en la práctica un duro golpe a la posibilidad de unas elecciones realmente libres y a la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia. Incluso diferentes dirigentes de formaciones de la derecha boliviana han reclamado el aplazamiento a noviembre de las elecciones.
6.- Izquierda Unida hace un llamamiento a la comunidad internacional para que exija elecciones realmente libres, transparentes y democráticas en Bolivia, lo que iba a ser la única función que debía llevar a cabo el Gobierno transitorio de Áñez en el ya ampliamente superado plazo de tres meses. Dichas elecciones deben contar con observadores internacionales acreditados y con la posibilidad de que todos los partidos democráticos bolivianos puedan presentarse.
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