En ellas, los alumnos son mayoritariamente pobres, de etnia gitana y migrantes, además de presentar una gran concentración de estudiantes con mayores necesidades de apoyo, según indica el informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, realizado a partir de su visita a España entre el 27 de enero y el 7 de febrero de este año.
Durante los 12 días que pasó en España, el relator especial visitó Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, y se reunió con autoridades de las administraciones municipales, autonómicas y estatal; representantes de la sociedad civil; miembros del mundo académico, y personas afectadas por la pobreza urbana y rural.
En su informe, denuncia que la segregación escolar aumenta la repetición de curso y las tasas de fracaso y abandono escolar. En 2018, España era el país de la UE con mayor tasa de abandono escolar y el segundo en cuanto a repetición. Además, los alumnos de familias sin recursos repiten seis veces más que el resto de estudiantes. "Todo esto supone una sangría de recursos para el sistema imposible de asumir".
El relator visitó una escuela de Andalucía con un alumnado 100% gitano y un índice de abandono escolar antes de terminar la enseñanza secundaria del 75 %. A pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país, las familias recibían muy pocas ayudas.
En su opinión, concentrar a las niñas y niños de los estratos más pobres en las mismas escuelas no es la mejor forma de lograr buenos resultados educativos ni de superar la pobreza.
Destaca que España proporciona educación gratuita pero que en muchos casos las familias tienen que asumir los gastos de transporte, comida, libros de texto y otros materiales, a pesar de las iniciativas existentes para sufragarlos. Según Save the Children, esos gastos aumentaron en un 34 % entre 2009 y 2016, y el 32 % de las familias tienen dificultades para pagar los gastos de educación.
SANIDAD
Por otro lado, el informe destaca la calidad de la sanidad española, de la que "su población está orgullosa con motivo", con una cobertura prácticamente universal. Sin embargo, aún existen importantes lagunas que afectan a las personas más necesitadas de atención, advierte.
En 2019, alrededor del 5 % de las personas de hogares pobres que necesitaban asistencia médica, el 25,5 % de las que precisaban atención dental y el 3 % de las que necesitaban servicios de salud mental no fueron atendidas por razones económicas.
Casi el 7 % de esas personas no podían acceder a los medicamentos de venta con receta. La Encuesta Nacional de Salud indica que casi el 10% de las personas en riesgo de pobreza no participan en las prácticas de salud preventivas, y que el aumento de la precariedad laboral impide a muchas ausentarse un día del trabajo por enfermedad.
Aunque el decreto que excluía de la sanidad pública a los migrantes irregulares fue derogado, todavía existen problemas de acceso al sistema de salud durante los primeros 90 días de su estancia.
Además, se han documentado 4.755 casos de exclusión de la sanidad pública entre 2014 y 2019, indica el relator. El Ministerio de Sanidad reconoció ese problema y las autoridades políticas han prometido solucionarlo, pero no han presentado ningún plan para hacerlo.
Finalmente, muestra su preocupación por la "creciente privatización de algunos elementos de la sanidad pública" y alerta del "riesgo de que la búsqueda de beneficios pase por delante de la prestación de servicios".
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