Según desvela el diario El Mundo este viernes, el Ministerio del Interior, liderado por el socialista Fernando Grande-Marlaska, estableció en los últimos días de enero un protocolo contra el coronavirus para los agentes de la Policía Nacional, así como para los funcionarios de las cárceles y, por ende, los propios reclusos.
Ya desde el 4 de febrero, y hasta el 5 de marzo de 2020, la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria habría insistido en aplicar medidas de distanciamiento social.
Gracias a un documento interno hemos podido saber que ante cualquier sospechoso de tener coronavirus se debía respetar un metro de distancia y ponerse mascarilla 'FFP2/FFP3' así como guantes desechables.
La recomendación establecía además que cuando no se pudiera garantizar ese metro de distancia, el personal debía llevar el equipo de protección personal y mascarilla FFP2/FFP3.
Tres días antes de las multitudinarias marchas, el 5 de marzo, un oficio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, enviado a todos los directores de cárceles y firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Javier Nistal, establecía que "cada centro penitenciario debe adoptar las medidas para la prevención y la actuación frente al coronavirus".
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