Así lo anunciaron este martes fuentes del grupo parlamentario, que puntualizaron a Servimedia que, en cualquier caso, sus tres representantes en la Mesa del Congreso votarán también a favor de la solicitud de los grupos soberanistas, Más País y Compromís, como han hecho siempre.
No obstante, las fuentes mencionadas explicaron que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, está poniéndose en contacto con todos los grupos parlamentarios para que su iniciativa tenga la mayor cantidad de apoyos. Según el grupo, el diseño jurídico de la comisión de investigación que solicitará esta vez, va a ser diferente para que tenga una mayor probabilidad de ser aprobada en la Mesa del Congreso.
Hasta ahora, las diferentes solicitudes que han registrado tanto Unidas Podemos como otros de los grupos que firman la otra iniciativa (ERC, Junts, PNV, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG) han sido rechazadas en la Mesa con los votos del PSOE, el PP y Ciudadanos o Vox (en las anteriores legislaturas o en la actual, según qué grupo de estos dos tenía representación en el órgano rector de la Cámara), que apelaron, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, a la inviolabilidad de la figura del monarca.
El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Gerardo Pisarello, abundó en esta iniciativa en la rueda de prensa que ofreció antes de la Junta de Portavoces, donde dijo que el que por primera vez la Fiscalia del Tribunal Supremo vaya a investigar a un jefe de Estado por el presunto cobro de una comisión de 100 millones de euros de Arabia Saudí “marcará un antes y un después en la democracia”, pues está “parcialmente reconociendo que para un caso como éste no rige la inviolabilidad” del monarca.
Esta investigación de la Fiscalía, junto a que el tema haya salido en prensa internacional, esté siendo investigado en Reino Unido y Suiza y haya sido reconocido por Felipe VI al renunciar a la herencia de su padre suponen “hechos nuevos” que “obligan a interpretar de otra manera el principio de inviolabilidad” y a reconsiderar el rechazo que hasta ahora han mostrado el PSOE y los partidos de la derecha a esta comisión de investigación.
FUNCIONES CONSTITUCIONALES
Pisarello argumentó que la inviolabilidad del Rey “en ningún caso puede alcanzar a casos graves de corrupción”, porque “un jefe de Estado no puede cobrar comisiones ni blanquear capitales, ni cuando es jefe de Estado ni cuando no, porque no forma parte de sus funciones constitucionales”. Más tarde estableció, sintéticamente: “La inviolabilidad solamente alcanza al Rey cuando es jefe de Estado y por actos que tengan que ver con su función”.
Si el caso se está investigando judicialmente, continuó el portavoz de los Comunes, “la ciudadanía no entendería que el Congreso no pueda establecer las responsabilidades políticas que se deriven de estos hechos”. A su modo de ver, “la ciudadanía necesita ahora más que nunca que las instituciones salgan prestigiadas” y que se garanticen la transparencia y la igualdad ante la ley.
Según Pisarello, en este punto está la discusión con el PSOE, partido con el que atestiguó que siempre ha habido “discrepancias” al respecto. “El PSOE -dijo- entiende que hay procesos judiciales en marcha y hay una posible dilucidación de responsabilidades por la vía judicial” y que “hay un debate abierto sobre la inviolabilidad”. Además, “siempre ha dicho que es respetuoso con las investigaciones en sede judicial”.
“El punto es si la investigación judicial exime de que se tengan que hacer investigaciones en sede parlamentaria”, acotó. Por tanto, se trata de decidir si también se puede llevar al Congreso. “Vamos a tratar de convencer al máximo número de fuerzas posibles y hasta el último momento al Partido Socialista”, se conjuró. “Creemos que se va a conseguir”.
Para el portavoz de los Comunes, “no puede ser que el Congreso no pueda llamar a comparecer a alguien que ha sido jefe de Estado”, porque “la Constitución no deja de regir para el Rey cuando no cumple las funciones que tiene establecidas constitucionalmente”, y “la sociedad no entendería que el Congreso no pueda tratar de manera clara y con transparencia” esta cuestión. “La Cámara no puede tener vetada la posibilidad de discutir unos hechos de enorme gravedad”, añadió después. “El principio monárquico no puede estar por encima del principio democrático”.