Desde Vox sostienen que esta renta, que bien pudiera servir como en otros países europeos para paliar las consecuencias de la crisis económica o servir como mecanismo de integración de aquellos que, por determinadas circunstancias, se ven expulsados del sistema de trabajo, "se va a convertir, según ha demostrado Ignacio Garriga, en un incentivo más para que los inmigrantes ilegales quieran llegar a España".
Apuntan que, mientras que en otros países como Italia, Francia o Luxemburgo uno de los requisitos indispensables para poder acceder a este tipo de rentas estatales es el de la residencia continuada en ellos en un plazo que se sitúa que va de los cinco a los diez años, en el caso español y, según lo publicado en el BOE, bastaría con un año para poder solicitarla.
Además, entre las excepciones previstas a dichos requisitos por el Gobierno se contempla que "aquellos que sean víctimas de trata de seres humanos, a pesar de no tener residencia legal en España podrán acceder" con lo que, de manera velada, piensan que "se está abriendo una puerta a que cualquier inmigrante ilegal llegue a nuestro país y pueda solicitar dicha renta". Vox denuncia que el 'efecto llamada' existe, que "este Gobierno es consciente y que, aún a sabiendas, no hace nada por remediarlo".
Por último, y tal y como afirmó recientemente Iván Espinosa de los Monteros, la formación defiende que sea "la Nación quien decida cuántos inmigrantes hacen falta" y que aquellos que "quieran venir a disfrutar de nuestro país deben solicitarlo por los cauces legales adecuados", lamentando que "este Gobierno crea en otorgar privilegios a aquellos que infringen las normas y, con ello, perjudicar tanto a aquellos que residen legalmente en nuestro país como a los españoles mismos".
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