Es a la Sala Penal del alto tribunal a la que corresponde estudiar las más de 40 querellas presentadas, entre otros por Vox, familiares de víctimas del coronavirus, sindicatos de funcionarios, de policías, organizaciones médicas y de enfermería y particulares, por lo que consideran una gestión, cuando menos, negligente del Ejecutivo.
En algunos casos, las acusaciones se extienden desde el presidente del Gobierno hasta todo su gabinete ministerial que son acusados de un amplio catálogo de delitos que van desde el homicidio por imprudencia grave a la prevaricación, pasando por los delitos contra los derechos de trabajadores por no proporcionar medios de protección, el de lesiones o el de omisión del deber de socorro.
Antes de decidir sobre la admisión a trámite, el Supremo acordará si impone una fianza a los querellantes para continuar con el procedimiento. En caso de ser así, y de resultar consignada, el alto tribunal dará traslado a la Fiscalía de para que informe de si ve argumentos para la apertura de una investigación judicial, tras lo cual el TS decidirá si las admite a trámite.
Varias de las querellas inciden sobre la falta de material de protección a los profesionales sanitarios durante las primeras semanas de pandemia, otras tienen que ver con el retraso en las toma de decisiones para frenar los contagios, tales como cierre de fronteras, suspensión de vuelos con países de riesgo o celebración de manifestaciones, como la del 8-M.
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