En un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Garamendi incidió en que es favorable a dar ayudas a los más vulnerables y “es evidente que de aquí a diciembre había que plantear un mecanismo” para esas personas. “Lo que no podemos montar es un país subvencionado porque entonces sí tenemos un problema” y con ello se fomentará la economía sumergida, según advirtió.
El presidente de CEOE consideró que no es adecuado que esta nueva prestación de la Seguridad Social, que complementará rentas hasta el entorno de los 1.000 euros según el tipo de hogar, se apruebe con carácter estructural en periodo de alarma y no se haya abordado en el marco del diálogo social.
Además, destacó que “no tiene ningún sentido si no tiene un camino hacia la empleabilidad” y se acompaña de formación o de condicionantes como no rechazar un empleo.
El Gobierno da luz verde hoy al Ingreso Mínimo Vital, que se estima que podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, y de éstas, un 30% son menores. Esta prestación tendrá un coste anual de unos 3.000 millones de euros que se financiará con recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las comunidades autónomas podrán complementar el Ingreso Mínimo con las prestaciones regionales de las que disponen para personas vulnerables.
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