¿Tiene recursos la democracia española?

Que la gestión del gobierno de socialistas y comunistas, en esta crisis del Covid, ha sido negligentemente criminal, políticamente autoritaria y económicamente desastrosa ya no le cabe duda a nadie. Solo los muy sectarios, o los que se benefician de la mina de oro que para algunos esta siendo la pandemia, pueden negarlo.

En cualquier país, verdaderamente democrático, un gobierno que ha mentido de manera tan escandalosa y reiterada se hubiera visto obligado a dimitir. Que esas mentiras hayan condicionado actuaciones, o falta de ellas, que han supuesto miles de vidas, les habría llevado al banquillo de los acusados.

Si, además, hubiera sólidos indicios de adjudicaciones a dedo, pago de sobreprecios (¿y comisiones?) desabastecimiento y contratos fraudulentos a empresas fantasmas, ya habrían desencadenado investigaciones de los tribunales de cuentas, los inspectores de Hacienda o la Intervención general del Estado.

Es cierto que ya hay centenares de querellas, interpuestas por familiares y afectados, por la gestión de la crisis del coronavirus. Y ya hay “progresistas” que instan a que no sean aceptadas, cuando cualquier progresista real vería con agrado el pronunciamiento de los tribunales. El Tribunal Supremo se sigue pensando aceptar la demanda interpuesta, contra el Gobierno, por más de un centenar de familias de fallecidos, en un retraso difícilmente justificable si no es por las presiones de los querellados.

Este Ejecutivo demandado intenta, desesperadamente, intervenir en el mundo jurídico para conformar los órganos a su servicio. Sus propuestas de redirigir causas a jueces favorables, meterlos en la renovación de órganos del poder judicial y transformar estos en una pieza más del ejercicio del poder son patéticos y peligrosos.

Como la de utilización partidista del aparato de Estado, ocupado por sus partidarios designados a dedo y que se esfuerzan por controlar y reprimir a los disidentes. Igual que los grandes aparatos de comunicación, al servicio de ese diseño dictatorial para silenciar o denigrar al que diga la verdad o proteste por su ocultamiento.

Hay que preguntarse, con toda la seriedad, si la democracia española tiene las herramientas suficientes para enfrentar ese peligro de acumulación ejecutiva; si puede mantener la característica esencial de toda democracia, de la separación de poderes y el control mutuo o, por el contrario, nos vemos ante la constitución de una dictadura, con la apariencia formal de una democracia pero sin nada de su sustancia.