En una nota aclaratoria, el PSOE matizó su pacto con la formación vasca. En concreto, borró el primer punto de dicho acuerdo que hablaba de derogar "de manera íntegra" la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP de forma “efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19".
De esa manera, el Gobierno logró garantizarse la abstención de Bildu para facilitar la votación de la quinta prórroga del estado de alarma.
Tras hacerse público el contenido del acuerdo se generó un gran revuelo y el PSOE salió a puntualizar que sólo quería derogar la reforma laboral con el fin de "recuperar los derechos laborales arrebatados", "impulsar en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras" y "recuperar el papel de los convenios colectivos".
De ese modo, indicó que "en concreto y con carácter urgente" su intención es derogar "la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo".
El PSOE recobró así los mismos puntos de su acuerdo con Unidas Podemos para formar gobernar en coalición y olvidó, por completo, que el despido por enfermedad ya se anuló en febrero.
MAYOR CAPACIDAD DE GASTO
De todos modos, el convenio suscrito por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu incluye otros compromisos que se mantienen.
En el punto dos se establece que las entidades locales, forales y autonómicas “dispondrán de mayor capacidad de gasto" para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19.
Según el texto, dichos gastos serán, además, “exceptuados del cómputo de la regla de gasto” en las entidades locales, y la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra “se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras”.
En cuanto al tercer y último punto, se señala que este acuerdo obliga a “las fuerzas políticas firmantes” a dar cuenta Bildu "del avance en el desarrollo y grado de implementación de los acuerdos alcanzados".
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