La Secretaria General y portavoz adjunta del Grupo parlamentario de VOX en el Congreso, Macarena Olona Choclán, ha anunciado que su partido solicitó (la pasada semana) la declaración, por parte del Congreso de los Diputados, de los meses de julio y agosto como hábiles.
Olona ha explicado que, para que la propuesta prospere, va a necesitar del apoyo de 176 diputados o, lo que es lo mismo, 124 que se añadirían a los 52 que tiene su formación en la Cámara Baja.
VOX dona 230.000 euros a las víctimas del coronavirus
La formación liderada por Santiago Abascal ha irrumpido en un escenario político «anquilosado» demostrando que, la preocupación que muestran por los españoles, va más allá de ser un recurso retórico.
Por este motivo, VOX anunció, de la mano de su presidente, que donaría las subvenciones correspondientes a los meses de marzo y abril que recibe del Congreso a diferentes asociaciones de víctimas del coronavirus siendo, la primera de ellas, la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, a la que destinaron una cantidad de 10.000 euros.
Gasto político y programa Protejamos España
La formación verde se ha mostrado, desde su nacimiento, muy crítica con la política de subvenciones y el incesante «gasto político» que ha caracterizado tanto al Gobierno de España como a las diferentes instancias autonómicas. Por este motivo, desde la tribuna del Congreso y, tanto en las diferentes juntas de portavoces como en los plenos, siempre ha sido partidario de que el Estado redujera su (más que considerable) gasto en estas parcelas.
La reducción en lo que, desde el partido, se ha venido llamando como «gasto supérfluo o político» y el deseable equilibrio presupuestario habría permitido, si el Gobierno hubiera mostrado una actitud caracterizada por la valentía, poner en marcha la principal medida de su programa estrella para paliar los efectos del coronavirus: el pago de la nómina de todos aquellos trabajadores a los que ha impedido trabajar por un periodo de tres meses.
Dicha propuesta, cifrada por Iván Espinosa de los Monteros en una cantidad cercana a los 80.000 millones de euros, sería asumible si el Gobierno tuviera, además de la valentía de hacer las reformas necesarias, la competencia técnica indispensable para ponerla en marcha y, con ella, se habrían evitado muchos de los «pequeños parches» que el Gobierno ha ido poniendo a medida que, con su nefasta gestión, agravaba la crisis económica.
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